En 15 días, los nueve jueces de la Corte Suprema de Justicia de Argentina podrían estar suspendidos si se cumplen los plazos acordados el sábado en una reunión entre el presidente de la República, Eduardo Duhalde, ministros y legisladores del gobernante partido Justicialista y de la oposición. En una inusual coincidencia, todos están decididos a asestar el golpe definitivo a un tribunal absolutamente desprestigiado ante la opinión pública. La comisión de juicio político de la Cámara Baja empezará hoy a analizar las 10 peticiones de remoción presentados por diferentes legisladores y las 18 que plantearon ciudadanos particulares. Los magistrados podrían ser acusados de mal desempeño en sus funciones, lo que posibilita el juicio político que deberá llevar adelante el Senado. Pero antes de que comience el juicio, que duraría al menos dos meses, los senadores son competentes para pedir la suspensión de los jueces cuestionados por el polémico fallo y su reemplazo por otros magistrados. En Argentina, hay un antecedente de cese de la Corte Suprema al completo que data de 1947, en la primera Presidencia de Juan Domingo Perón. El alto tribunal, enfrentado al líder peronista, declaró inconstitucional la creación por parte del Gobierno de un fuero laboral. En esta oportunidad, la Corte ha sido acusada en reiteradas ocasiones por sus fallos sesgados en favor de las necesidades del Gobierno y de las grandes empresas, pero hasta el momento, las peticiones de juicio político no alcanzaron la fuerza que tuvieron tras su decisión de declarar inconstitucional el corralito. Ahora, los jueces deberán dar cuentas por muchas decisiones controvertidas que adoptaron la pasada década, incluida la del ''per saltum'' que dejó sin efecto un amparo para frenar la privatización de Aerolíneas Argentinas que mostraba severas irregularidades en su tramitación, y que le han valido su actual impopularidad.