El Gobierno de Uribe es consciente de que tendrá que pagar un peaje por las liberaciones.
-¿Qué ofrecen ustedes a las FARC en esta negociación?
-Ellos quieren cambiar a los secuestrados por unos criminales de guerra, miembros de las FARC bastante peligrosos que están en las cárceles. Nosotros incluso hicimos una reforma legal en el 2005 para poder concederle a algunas de estas personas el beneficio de la suspensión condicional de la pena a cambio de los rehenes. Le hemos pedido a las FARC que den los nombres de aquellos que quieren que liberemos, pero se niegan a hacerlo porque pretenden una serie de triunfos militares y políticos imposibles de conceder: por los cincuenta rehenes canjeables nos piden una región con 110.000 habitantes y, últimamente, la absurda petición de la renuncia de Álvaro Uribe.
-El intercambio de presos es una decisión controvertida, ¿cuenta con respaldo social?
-Estamos bajo el chantaje de un grupo terrorista, que además está diezmado. Durante los últimos diez años, las FARC secuestraban unas mil personas por año, pero en el 2007 han secuestrado solo unas 100 personas y la mayoría ya están liberadas. Aún así, mantienen un grupo de miembros de la fuerza pública y de políticos en lo profundo de la selva con cordones de seguridad formados por hombres apuntándoles, de manera que si llegan la policía o el Ejército a rescatarlos los asesinan. Solo podemos hacer como en la época de los piratas, cuando secuestraban a gente por el Mediterráneo y luego pedían un rescate. Esto nos devuelve a la época de la barbarie, pero hemos accedido a liberar algunos presos peligrosos con la condición de que no vuelvan a delinquir. Este intercambio es algo abominable, pero dada la difícil situación que vivimos, resulta necesario. Francia incluso acogería a los delincuentes en su territorio, lo que para nosotros sería una garantía de que no cometerían más actos terroristas en Colombia.