Países que en busca de la paz social utilizaron leyes de perdón tras las dictaduras las están derogando tres décadas después, cuando la democracia ya está arraigada
30 abr 2010 . Actualizado a las 02:00 h.Las leyes de amnistía nacidas hace unas décadas para que ganadores y perdedores en conflictos internos de los países miraran en la misma dirección por el bien de todos están siendo cuestionadas no solo en España. A la española, de 1977, le siguieron en Latinoamérica otras en Chile, Brasil, Uruguay, Argentina, El Salvador... que protegieron a los represores de las dictaduras de los crímenes que habían cometido. Las víctimas hicieron con su silencio un gran acto de generosidad por un bien superior, el del Estado. Caso aparte es Paraguay, que no amnistió a los militares y a policías de la dictadura de Alfredo Stroessner.
Sin embargo, años más tarde, y con la democracia más o menos asentada, el proceso es el inverso y surgen voces que reclaman la derogación de esa impunidad. Como las responsabilidades penales de los crímenes de lesa humanidad y genocidio son imprescriptibles, los Gobiernos civiles que sustituyeron a las dictaduras lograron que los tribunales supremos fueran dejando sin valor legal esas leyes en muchos casos. Las Naciones Unidas, siempre vigilantes, han llamado la atención a todos estos países. España fue amonestada en tres ocasiones por mantener la ley de 1977. Y, paradoja, el Supremo español intenta juzgar a un magistrado que quería investigar los crímenes del franquismo.
ARGENTINA
Se acabó la impunidad
Las leyes de Punto Final y Obediencia Debida (1986-1987) fueron anuladas por el Tribunal Supremo en el 2005, tres años más tarde de que las tumbase el Congreso, lo que permitió juzgar a cientos de militares de las dictaduras de Jorge Rafael Videla, Roberto Eduardo Viola, Leopoldo Galtieri, Alfredo Óscar Saint-Jean y Reynaldo Bignone. Y como entonces dijo el presidente Néstor Kirchner, se acabó la impunidad, que había empezado con la aprobación de la medida en época de Raúl Alfonsín y había seguido con los indultos firmados en 1989-1990 por Carlos Menem. Así, en Argentina hubo juicios por terrorismo de Estado, luego llegó la impunidad y más tarde se volvieron a abrir procesos. Y hoy son muchos los que purgan su condena en la cárcel, entre ellos Videla y el Ángel de la Muerte (el ex capitán de la Armada) Alfredo Astiz.
CHILE
Allende frente a Piñera
La ley de amnistía es paradójicamente de 1978, del Gobierno militar de Augusto Pinochet, que quiso proteger a los suyos de ser enjuiciados por violaciones de derechos humanos. Mandatarios posteriores y recientes como la propia Michelle Bachelet -estuvo presa en Villa Grimaldi-se comprometieron a derogar esa norma. Como no cumplió, será el derechista Sebastián Piñera quien recoja la patata caliente que le acaba de poner en el Congreso Isabel Allende, sobrina del presidente muerto en el golpe de Pinochet en 1973.
URUGUAY
Argucias de Tabaré Vázquez
La Ley de Caducidad fue propuesta por el primer Gobierno democrático de Julio María Sanguinetti, sancionada en 1986 y confirmada en 1989. Tabaré Vázquez (2005-2010) intentó derogarla parcialmente, pero un plebiscito (2009) la ratificó.
Pese a todo, promovió la celebración de juicios alegando que los delitos fueron cometidos fuera de Uruguay y, por tanto, quedaban al margen de la Ley de Caducidad. Gracias a ello, una decena de ex militares y policías están en prisión por homicidios y desapariciones durante la dictadura (1973-1985). Del banquillo tampoco se libraron los dictadores Gregorio Álvarez y Juan María Bordaberry, condenados a más de 20 años de cárcel. Asimismo, el Supremo declaró la inconstitucionalidad de la ley solo para el caso de una asesinada en 1974, pero abrió una puerta decisiva.
PERÚ
A la medida de Fujimori
El Gobierno del golpista Alberto Fujimori dictó en 1994 una ley que benefició a los integrantes de un escuadrón de la muerte integrado por militares, el Grupo Colina. Esa ley fue rechazada en el 2001 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos -a la que Perú está sometida-, que anuló las amnistías y ordenó nuevos juicios.
La guerra que libró el Gobierno peruano contra Sendero Luminoso entre 1980 y el 2000 dejó unos 70.000 muertos y desaparecidos, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
La ley fue derogada en el 2000 y el propio Fujimori fue acusado por la Fiscalía de la Nación de ser uno de los coautores de la matanza de Los Barrios en el año 1991 y de controlar al Grupo Colina.
EL SALVADOR
Funes pide perdón, no deroga
El ex presidente y firmante de los acuerdos de paz Alfredo Cristiani cree que la ley de amnistía (1993) cumplió una función importante para el proceso de paz. Otros, como Amnistía Internacional, consideran que bloqueó todas las investigaciones sobre masacres. El conflicto armado dejó unos 75.000 muertos y más de 8.000 desaparecidos. Casos como el asesinato de un obispo y la masacre de 6 jesuitas, entre ellos el español Martín Baró, bajo mandato de Cristiani justifica su postura. Hace días, el presidente Mauricio Funes pidió perdón por los crímenes de Estado, pero muchas son las voces que no lo consideran suficiente y reclaman el pago de la deuda al pueblo.
NICARAGUA
El freno sandinista
Un proyecto de ley de amnistía que beneficiaría a los acusados de corrupción de la etapa de Violeta Chamorro (1990-1997) Arnoldo Alemán (1997-2002) y Enrique Bolaños (2002-2007), justo cuando se reabrieron unas causas penales contra Alemán, no prosperó en enero por el freno del Frente Sandinista.
BRASIL
El debate, en caliente
El Tribunal Supremo estudia estos días si levanta las leyes que impiden juzgar a los represores. Lula da Silva, que fue prisionero en la dictadura, lo tiene claro: lo importante es recuperar la historia de los perseguidos y no sancionar a los militares.