La fiscalía rectifica, pero recuerda que aplicó una ley en vigor desde 1956
03 sep 2012 . Actualizado a las 07:00 h.La Fiscalía sudafricana suspendió ayer la inculpación de 270 mineros huelguistas por el asesinato de 34 de sus compañeros abatidos por la policía junto a la mina de Marikana (en el norte del Estado), retractándose de una decisión que causó estupor en el país.
Los mineros huelguistas fueron detenidos en Marikana el 16 de agosto, después de que la policía disparara contra una muchedumbre hostil -formada por manifestantes armados de lanzas y machetes- y matara a 34 de ellos. Tras la detención, los mineros fueron acusados el jueves de asesinato, lo que causó una fuerte indignación en Sudáfrica, ya que según muchos juristas, el fiscal recurrió a una ley de la época del apartheid.
El ministro de Justicia, Jeff Radebe, pidió explicaciones a la Fiscalía, ya que el magistrado Esau Bodigelo no precisó en qué texto se basó para pronunciar la inculpación.
Muchos juristas estiman que el juez utilizó una ley antidisturbios de 1956, muy utilizada durante el apartheid y aún en vigor, que prevé que sean inculpadas por asesinato todas las personas detenidas en el lugar de un tiroteo que implique a la policía, independientemente de que las víctimas sean agentes o no.
Finalmente, la jefa de la Fiscalía, Nomgcobo Jiba, anunció en una conferencia de prensa ayer que la inculpación quedaba suspendida, y que los 270 mineros iban a ser puestos en libertad condicional: «La inculpación por asesinato contra los 270 sospechosos actuales, que de todas formas era provisional, será retirada provisionalmente por el tribunal durante su próxima comparecencia», prevista el jueves, explicó.
«La decisión y el anuncio de los cargos finalmente retenidos contra las personas implicadas no tendrán lugar hasta que concluyan todas las investigaciones», añadió la responsable, citando la comisión investigadora instaurada por el presidente Jacob Zuma. Los mineros también estaban acusados de complicidad de asesinato, reunión prohibida, tenencia ilegal de armas y amenaza contra compañeros no huelguistas.
Aunque los policías de momento no fueron molestados, pese a que testigos y periodistas los acusaron de abatir a sangre fría a buena parte de las víctimas de Marikana, los 270 mineros estaban detenidos desde el 16 de agosto.
La Fiscalía satisface de este modo a los abogados de los mineros, que mandaron una carta abierta el presidente Zuma en la que le daban de plazo hasta ayer para que se liberara a sus clientes. El jefe de Estado respondió que no podía «acceder a su demanda», y subrayó que la Justicia es independiente, recordando que había creado una comisión de investigación.