Dos semanas después de la suspensión de pagos selectiva, el caso parece bloqueado por las limitaciones del juez para forzar el pago y la decisión del gobierno de Kirchner de no ceder
13 ago 2014 . Actualizado a las 19:54 h.Dos semanas después de que la economía Argentina entrará en suspensión de pagos (default) selectiva o parcial por una orden judicial en Estados Unidos vinculada a su litigio con fondos especulativos, el caso parece bloqueado entre las limitaciones del juez para forzar el pago y la decisión del gobierno de Cristina Fernández de no ceder.
Si bien cada experto tiene su análisis particular sobre ciertos aspectos de la compleja situación judicial y financiera creada el 30 de julio, todos coinciden en que «se ha entrado en un terreno desconocido sin precedentes a nivel mundial», tal y como explicó en una entrevista a la AFP el exministro de economía argentino Roberto Lavagna. «Este ha sido un duro modo de aprender la lección de que al final de cuentas los tribunales estadounidenses no tienen control sobre las políticas internas de los países extranjeros», señaló la experta Anna Gelpern, del Instituto Peterson de Economía Internacional, afirmando que el «default no era el plan» del juez federal Thomas Griesa.
Cuando el juez federal Thomas Griesa bloqueó a finales de junio un pago de Argentina de 539 millones de dólares por bonos reestructurados en el 2005 y 2010 para forzar al país a cumplir con su fallo a favor de fondos especulativos por deuda impaga desde 2001, la intención era colocar al gobierno de Kirchner entre la espada y la pared tras doce años de batalla judicial. Pero, a pesar de la llegada del plazo de gracia del 30 de julio y las negociaciones de último momento en Nueva York con la presencia del ministro de Economía, Axel Kiciloff, Argentina decidió de no aceptar la exigencia del juez de pagar 1.330 millones de dólares a los fondos, a los que califica de «buitres» porque compraron la deuda en default.
Las agencias de calificación financiera colocaron al país en default parcial, es decir, una suspensión de pagos selectiva, y así el pago de los seguros de deuda se activó, pero el gobierno argentino no se inmutó. Asegura haber cumplido su obligación de abonar al 92,4 % de los bonos que entraron en el canje y acusa a al juez Griesa de haber provocado una situación «insólita».
Desde el aspecto técnico legal, la sentencia es firme. La cuestión ahora es cómo ejecutarla, ya que toca cuestiones delicadas como la inmunidad soberana de los Estados. Según el economista Claudio Loser, de la consultoría Centennial Group Latin America, «en los círculos financieros y publicaciones, hay una unanimidad sobre la validez del fallo, en particular porque fue convalidado por el tribunal de apelaciones y en última instancia por la Corte Suprema de Estados Unidos». «Hay diferencias de tono sobre el impacto en los mercados financieros mundiales, pero hay un claro entendimiento de que se llegó correctamente a la decisión», agregó.
El limbo de Griesa
Son muy pocos los que eximen de culpas a Argentina, aunque en los últimos días cada vez más expertos en medios estadounidenses cuestionan la tozudez del juez Griesa para hacer cumplir la letra de un contrato en un contexto que supera su jurisdicción, dando así la razón a querellantes que aprovechan a fondo los resquicios del sistema judicial.
Uno de los ejemplos concretos del limbo que creó el juez Griesa son los 539 millones de dólares pagados por Argentina y retenidos en el Bank of New York Mellon (BoNY). El gobierno argentino argumenta que ese dinero, una vez depositado en la cuenta del agente fiduciario, ya no es suyo y que por lo tanto Griesa no puede retenerlo ni embargarlo. Así el juez Griesa no ha tocado los 539 millones para pagar parte de la sentencia, y según algunos expertos, esto podría indicar que ese dinero ya no pertenece legalmente a Argentina, o bien que no puede ser embargado por encontrarse en una cuenta del BoNY en el Banco Central de República Argentina (BCRA).
Argentina habla de una solución política
Desde la suspensión de pagos selectiva del 30 de julio, el juez sólo ha insistido en que las partes vuelvan a la mesa de negociaciones con el mediador Dan Pollack, algo que el gobierno de Kirchner rechaza tras haber calificado a este abogado de «parcial». Griesa advirtió además a Argentina con declararla en «desacato» por declaraciones «falsas y engañosas» en relación al litigio, aunque tampoco está claro a qué podría dar lugar esta figura para un Estado soberano. «Tal como se la conoce, la figura del desacato podría ser abstracta para un Estado soberano. Salvo que el juez Griesa la comunique al Departamento de Estado (norteamericano) y pida su intervención», admitió el abogado Eugenio Bruno, un experto que sigue el caso.
De su lado, el gobierno argentino insiste en que la solución es política y pasa por el presidente Barack Obama. El Gobierno de Cristina Fernández busca aplazar todo tipo de negociación al menos hasta enero del 2015, cuando expira la cláusula RUFO de los canjes del 2005 y 2010, que impide mejorar antes de esa fecha la oferta hecha a los acreedores que cambiaron sus bonos aceptando quitas de hasta el 70% del valor nominal de los títulos originales.
Por el momento la catástrofe augurada para la economía argentina con la llegada del default no ha ocurrido, aunque nadie asegura que no vaya a suceder en un contexto de inflación, volatilidad cambiaria y recesión.