Roberto Briceño León: «La violencia se ha incrementado en Venezuela por ausencia y exceso de Estado»

Hoy concluye el año más violento de la historia de Venezuela. Las cifras que ofrece el último informe del Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) son escalofriantes: 27.875 homicidios, de ellos cerca de 300 niños y más de 700 policías. A esto hay que sumar entre 160.000 y 180.000 lesionados, la mayoría con graves secuelas irreversibles y  unos 16.000 secuestros. La tasa de víctimas mortales alcanza a 90 por cada 100 mil habitantes.  76 diarios, o lo que es lo mismo, 3 cada hora. Esto coloca a Venezuela como el país más violento de América,  igualado incluso con El Salvador que ha venido encabezando ese macabro récord.

En un encuentro de más de dos horas con La Voz de Galicia, el sociólogo Roberto Briceño León, que lleva estudiando este fenómeno desde hace varios lustros en el Laboratorio de Ciencias Sociales (LACSO) como coordinador del OVV, analiza en profundidad el que sin ninguna duda es el primer primer problema del país.

¿Por qué no ha parado de crecer en las dos últimas décadas la violencia y la inseguridad en un país que no tenía tradición violenta? 

?La violencia se ha incrementado en Venezuela por ausencia y exceso de Estado. Por ausencia de la protección de las personas y del castigo de los delincuentes. También por un exceso, por el incremento de controles y regulaciones que han llevado al aumento de los abusos de los encargados de su aplicación y al surgimiento de mercados y conductas paralegales o ilegales.

?¿Cuántos lesionados hay que sumar a esas casi 28.000 muertes?

-El cálculo que sugiere la OMS son de tres lesionados por cada una de las víctimas. Si uno toma esa medida se podría hablar de 85.000 lesionados en el año 2015. De los cálculos que yo he hecho para Venezuela en estudios puntuales me salen algunos años entre siete y ocho lesionados por cada víctima mortal. Si tomamos eso como referencia habría que hablar de entre 160.000 y 180.000 lesionados. Si la cifra de homicidios  en estos  últimos 17 años anda por los 200.000, la del total de víctimas de la violencia sería más de  800.000.

- Se habla de ensañamientos y  de lesiones intencionadas para dejar determinadas secuelas.

-Sí, disparos  aposta a los intestinos. La expresión que utilizan las bandas es «para ponerlos a cagar en bolsitas». Esto es muy duro porque en el individuo que causas ese daño estás también sembrando odio y eso genera venganza, con lo que se entra en una espiral interminable.

-También hay niños entre las víctimas mortales. ¿Son víctimas de balas perdidas?

-Sí, la mayoría son víctimas casuales. No me gusta llamarlas de balas perdidas, porque fueron balas disparadas de forma intencionada que no lograron su objetivo.

-Y muchos policías víctimas, tanto en actos de servicio como fuera del servicio.

-Solo enCaracas, según nuestros datos, son 2,7 a la semana. La indemnización a sus familiares anda por los 30.000 bolívares y no tienen derecho a pensión. Esto está provocando renuncias masivas que van a la seguridad privada ganando tres o cuatro veces más con menos riesgos.

-También se dice que proliferan Las ejecuciones  policiales.

--Esa ha sido la respuesta que han empezado a dar los policías ante la impunidad porque saben que los tribunales no funcionan y además no están mal vistas por los mandos. Por eso, en nuestros informes el 95 % de los casos que oficialmente se clasifican como resistencia a la autoridad los computamos como homicidios legales

--¿Y los  secuestros?

-No hay datos porque no hay registros, porque no se denuncian y no se denuncian por dos razones fundamentales. Una es la ley antisecuestros que le congela los bienes a los familiares. Como la experiencia dice que la policía no lo va a resolver y sin dinero para pagar el desenlace fatal está asegurado.  Por otra parte, no hay seguridad sobre cuándo van a ser congelados los bienes y además la Policía se queda con una información delicada porque hay muchos policías involucrados en los secuestros. 

-¿Y casos como el del hostelero  gallego Juan Cortés?

-Ese sí está registrado y denunciado  como un secuestro clásico. Es uno de los 1.000 que uno puede contabilizar. Al lado de esos, los datos de la encuesta de victimización suman 16.000 más de gente que dice que fue víctima pero no lo denunció y, por tanto, no contabiliza la Policía. Todo lo que son los secuestros expréss que duran unas horas o semiexpress ( uno o dos días), nunca son denunciados.

-¿Cuál es el perfil  del delincuente tipo?

--Básicamente un joven entre 15 y 25 años, hombre -cada día hay más mujeres involucradas, incluso en papeles de dirección-, pobres que en general tuvieron entre seis y ocho años de estudios. Desde el punto de vista psicosociológico  tienen características que no necesariamente son malas: son individuos audaces, ambiciosos y organizados.

-¿Y el de las víctimas?

-Es casi espejo desde el punto de vista de los datos. Son también hombres pobres de entre 15 y 35 años. Cambia el perfil psicológico-social pero muchas veces la víctima también tiende a ser audaz y busca tener un arma, enfrentarse, se resiste.

-¿El modus operandi de la delincuencia venezolana es homologable con el de algún otro país?

--Diría que con el de ninguna parte,  porque en Venezuela la violencia no ha tenido un Estado que la persiga y que la reprima, como en Colombia o México. En Venezuela la destrucción institucional no se ha dado por una subversión frente al Estado, sino que fue el Estado mismo quien ha creado destrucción institucional. Esto ha  generado unos niveles de perversión  muy particulares. La violencia dominante en Venezuela ha sido más anímica. En nuestro último estudio sobre el delito organizado observamos que empieza a existir un cambio entre lo que era la pandilla clásica hacia estructuras con prácticas más mafiosas como la extorsión, la venta de protección. Ya se ha detectado en Venezuela la presencia de los carteles mejicanos, aunque no han logrado imponerse porque el negocio a nivel interno lo manejan otros.

-Pero los capos colombianos, a medida que aumentó la presión en su país, pareciera que tuvieron muchas facilidades para instalarse aquí.

-Eso es consecuencia de la decisión política del Gobierno de Chávez de permitirle a la guerrilla colombiana negociar con el narcotráfico y usar Venezuela porque era una manera de garantizarle el apoyo a la guerrilla enfrentada a Uribe que era el gran enemigo de Chávez.

-Los delincuentes no hacen discriminaciones ideológicas. En los 17 años de chavismo el problema creció de forma exponencial y afectó chavistas y no chavistas, a pesar de que en ese periodo hubo en el país más riqueza que nunca y supuestamente más distribuida socialmente. ¿Qué explicación tiene esto?

-La clave está en la destrucción del sentido de la norma y de la ley. Esa destrucción la propicia el gobierno de Chávez porque se considera que es una revolución y que había que acabar con el antiguo régimen, con toda esa estructura de leyes y de normas. Además, en términos ideológicos, el  gobierno chavista,  o al menos muchos de sus funcionarios,  consideraba que la violencia formaba parte de la lucha de clases. Era un enfrentamiento entre pobres y ricos que iba a generar subversión en el país. Por eso algún ministro dice que «los presos son presos del capitalismo».

-¿La actitud del chavismo  frente al problema de la inseguridad hubiera sido la misma si Chávez fuese un civil?

-Lo paradójico es que la gente votó por Chávez en 1998 pensando en que como era militar iba a poner orden en el país y, por lo tanto, controlar le delincuencia y no lo hizo. No por ser militar, no  lo hizo por la idea subversiva y destructora que era el elemento central de su pensamiento. Los militares no acompañaron a Chávez en gran parte de este proceso. En general,  han sido críticos con el gobierno por su no acción. Fueron los militares los que con Chávez se opusieron a que los miembros de las milicias bolivarianas se llevasen el armamento a sus casas. El año pasado,  el ministro del Interior, que era un militar, decide actuar contra los colectivos y al final Maduro lo destituyó.

-¿Que  conexiones existen o pueden existir entre los colectivos que cuentan o han contado con la complicidad del Gobierno o del partido en el Gobierno y la delincuencia?

-El término colectivo agrupa organizaciones muy disímiles entre sí, algunos colectivos en un primer momento se dedicaron a combatir el delito. Otros se dedicaron a combatirlo pero para apropiarse del negocio, dedicándose a la acción política y delincuencial abiertamente. La relación del chavismo con los colectivos ha sido muy irregular. Chávez, de alguna manera, podía ponerles orden. Cuando muere, ya nadie los puede controlar. En algunos hay unos vínculos políticos muy claros. Son los herederos de la lucha armada, de los que creen en la vía de las armas para llegar al poder, tienen vínculos con la guerrilla colombiana, le hacen un monumento a Marulanda en el 23 de enero. Al lado de todo eso está el negocio puro y duro.

-¿Políticamente esta conexión favorece o perjudica al chavismo?

-Creo que por mucho tiempo lo ha favorecido y por eso lo ha apoyado. Pero se le han ido de las manos en varios momentos y empezaron a ser un problema. Ellos mismos le han echado en cara al Gobierno que primero  los consideraron aliados, luego homicidas. Eso obligó al Gobierno a ceder y destituir al ministro. Ahora ya suponen un costo político. Sobre muchos ya no tienen control.

-¿Cómo llegan las armas de guerra a manos de la delincuencia, inclusive dentro de las cárceles?

-Las granadas y los fusiles no se compran en la bodega de la esquina. Ahí hay básicamente una complicidad con el mundo militar. Las que se han conseguido requisar tienen marcas de las Fuerzas Armadas Venezolanas. También tienen que ver en eso las redes de la guerrilla colombiana y el narcotráfico. 

-¿Y a las cárceles?

-Lo mismo que a la calle. Están controladas por los delincuentes. Entran y salen cuando quieren. Tienen bancos dentro, han construido piscinas dentro e incluso un parque infantil, concretamente en Tocorón. Todo ello no es posible sin la complicidad de los guardias civiles y militares de las prisiones. 

-La novedad de este año que acaba parece que han sido las megabandas. ¿Se trata de bandas más grandes o de bandas más fuertes y organizadas?

-Las dos cosas. Estamos hablando de organizaciones de alrededor de 600 efectivos. Ese sería el caso, por ejemplo, de la banda del Picure. Eso no es poca cosa en cuanto a la capacidad de fuego y también en su capacidad de organización. Hay que tener una buena contabilidad y muchos recursos para pagar mensualmente a 600 tipos. Este tipo de organizaciones han dado el salto del delito depredador a la extorsión. Ya no roban ni asaltan ni nos quitan el dinero, cobran por no robar. Todos los negocios de Quinta Crespo, pagan, todo lo que es la industria de la construcción en Oriente, paga. En el estado Guárico o Aragua usted no logra levantar una pared sin pasar por caja.

-¿Ya Estamos hablando entonces de gran delincuencia organizada en Venezuela?

 -Creemos que sí. Son grupos que reúnen bastantes más requisitos que los tres o cuatro que fija la Convención de Palermo. Tienen fuertes vinculaciones internacionales y una gran capacidad para lavar el dinero que obtienen. Esto implica que ya han entrado en  los mercados legales y los ha permeado.

-¿El uso de la violencia es indiscriminado o selectivo?

-En la medida en que el delito se organiza y se organiza bien, empieza a ser selectivo, empieza a haber una administración de la violencia. En Venezuela la situación todavía no es esa. Aquí sigue existiendo una violencia sin sentido o generalizada, una violencia que podemos llamar superflua e innecesaria. Muchas veces roban a un individuo y luego lo matan por simple banalidad.

-Cuando se habla de impunidad como elemento clave en la proliferación de la violencia, ¿es que falla: la respuesta policial, la judicial o ambas?

-Ambas,  más el apoyo ciudadano. Para  que la Policía funcione tiene que tener el  apoyo de la población. Para que el sistema judicial funcione, necesita la confianza y  el apoyo de la población. Hoy en Venezuela nadie está dispuesto a acudir a testificar a un tribunal y sin testigos no se puede condenar en un juicio. Falla la Policía y la Justicia porque hubo una decisión política del gobierno de Chávez de no reprimir y de no actuar. Hablamos de impunidad porque según nuestras estimaciones por cada 100 homicidios solo hubo ocho o nueve arrestos. Es decir, en el 91 o 92 % de los casos no se produce ni un solo arresto. Y el arresto no significa condena.

-¿Qué puede hacer la nueva Asamblea Nacional frente a este problema?

-La Asamblea Nacional no es Gobierno, pero puede  ejercer una labor importante de control y fiscalización. Puede y debe ser la voz de la sociedad, la voz del pueblo que le exija al Gobierno respuestas, más funcionarios judiciales y policiales, por ejemplo. Actualmente la gran mayoría no son de carrera sino nombrados a dedo. En los tribunales de Venezuela el portero o el personal de limpieza tiene más estabilidad que el juez. La Asamblea le podrá preguntar el ministro por los resultados de los distintos planes de seguridad que se han aplicado, en qué se gastó el dinero.

-¿Cree que con este panorama es o puede ser un santuario  para el terrorismo internacional?

-El apoyo político abierto del Gobierno de Venezuela a organizaciones palestinas es un hecho.Como lo son sus relaciones con los gobiernos de Irán y Siria o la Libia de Gadafi.  Uno de los problemas graves que hay en torno a esto  es la emisión de pasaportes venezolanos que circulan por el mundo.

- ¿Qué se puede hacer a corto plazo para darle un cambio de rumbo a la situación actual?

-En un año con un mensaje claro, de que el delito no va a quedar impune, ya se pueden conseguir resultados y reducir los homicidios a la mitad.  Lo primero que tendría que hacer el Gobierno es mandar a la sociedad ese mensaje de que no es lo mismo ser un asesino que un trabajador honesto. Esto puede ser una perogrullada pero en Venezuela estamos a ese nivel. Eso implica que hay que valorizar al que trabaja y no hacer estatuas a guerrilleros. En segundo lugar creo que hay que aumentar la protección de las personas. Para eso se requiere mejorar las policías y la colaboración entre la seguridad  privada y la pública. En tercer lugar, hay que reprimir. Eso en Venezuela cuesta mucho decirlo. Pareciera que hay vergüenza en hacer eso. Hay que reprimir en el sentido de hacer cumplir la ley. Hay que castigar a los asesinos. Una sociedad puede vivir sin cárceles  pero no sin castigo.

También  Es necesaria una acción focalizada frente a las bandas, hay que desmontar una gran cantidad de mecanismos que están facilitando el delito: no se puede acabar con el contrabando de gasolina si no modificas su precio. Cuando un camión de 38.000  litros de gasolina cuesta siete dólares del lado venezolano y 20.000 en el lado colombiano, no hay manera de ponerle control. No se pueden sostener medidas de contratación colectiva que entregan a los sindicatos el 70 % de los puestos de trabajo de una obra. Esos puestos no los controlan realmente los sindicatos sino las mafias delincuenciales que le cobran a los trabajadores y a los dueños de la obra. Hay que retirar a los militares de las funciones de seguridad pública. La situación está tan mal, repito,  que medidas simples, pequeñas, pueden surtir efectos notables a corto plazo.

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