El Gobierno de Maduro y la Fiscalía ya no disimulan la brecha abierta entre ellos
INTERNACIONAL
EE.UU. impone sanciones al presidente del Tribunal Supremo venezolano y a siete jueces
19 may 2017 . Actualizado a las 07:37 h.La brecha entre la fiscalía venezolana y los militares del país se hace más grande después de que la primera anunciara ayer que imputará a tres miembros de la Guardia Nacional por el asesinato de Manuel Castellanos, de 46 años, abatido de un disparo en el cuello en el estado de Táchira, al sur del país, el pasado martes, en el marco de unas protestas contra el Gobierno de Nicolás Maduro.
La imputación se produce menos de 24 horas después de que el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, asegurara que «la Guardia Nacional no usa armas de fuego en las manifestaciones» en relación con los asesinatos de Castellanos y de José Guerrero, de 15 años, quien también murió de un disparo en el pecho, del cual su hermana, Marielys Guerrero, acusó a la Guardia Nacional. Las muertes de Castellanos y Guerrero, junto con la de Diego Arellano, biólogo de 31 años muerto de un disparo en San Antonio de Los Altos, ciudad dormitorio de Caracas, agravaron las protestas tanto en Táchira como en la región aledaña a la capital.
Padrino anunció el envío de 2.000 efectivos de la Guardia Nacional y 600 efectivos de «fuerzas especiales» del Ejército a la zona, que ya fue escenario de graves disturbios en 2014. Pese a ello, la situación permanece fuera del control del Gobierno de Maduro, con decenas de saqueos y quema de oficinas públicas, incluyendo un comando del Ejército en la población de La Grita.
En las cercanías de Caracas, residentes de San Antonio y Los Teques mantuvieron por dos días cerradas las vías hacia la capital enfrentándose a la Guardia Nacional. Esta, por su parte, repelió con bombas lacrimógenas a una comisión de la policía judicial que intentaba hacer la planimetría para investigar el asesinato de Arellano. Más de 50 locales fueron saqueados en Los Teques, capital del estado de Miranda, acto del que los residentes que protestaban acusaron a los paramilitares chavistas.
En la investigación de los casos más recientes, Luisa Ortega Díaz, fiscal general, comisionó a un equipo especial de derechos fundamentales de su organismo, apartando a las policías controladas por el ministro del Interior, Néstor Reverol, a quien la oposición culpabiliza, junto a Padrino, de la represión.
El creciente distanciamiento de Ortega del Gobierno de Maduro ha puesto en tantos problemas al mandatario que este reconoció en una reunión con militares, cuyo contenido se filtró, que estaba buscando «maneras» de destituirla. Según se comenta, Maduro quiere sustituirla por un fiscal militar, a pesar de que la Constitución venezolana dice que este cargo es solo para civiles. En teoría, tampoco podría hacerlo sin aval de la Asamblea Nacional.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a ocho magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, entre ellos su presidente Maikel Moreno, por «usurpar la autoridad» de la Asamblea Nacional, lo que implica la congelación de todos sus activos en Estados Unidos. La decisión se produce tras una nuevas protesta en Venezuela, en las que fue asesinado un joven.