Un tribunal federal argentino confirma la solicitud de cárcel para la ex presidenta Cristina Fernández
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En tiempo récord, la Cámara Federal de apelaciones de Argentina ratificó el fallo del juez Bonadío que había solicitado hace dos semanas el procesamiento y prisión preventiva de la expresidenta Cristina Fernández, quien dirigió el país desde 2007 hasta este año, por presunto encubrimiento de los autores del atentado a una mutua judía en Buenos Aires en 1994, donde murieron 85 personas. Fernández, que juró este mes como senadora, había apelado el procesamiento por «traición a la patria» y «encubrimiento agravado». Bonadío había solicitado también el desafuero de Fernández y su prisión. Los miembros de la cámara desestimaron el delito de «traición» pero confirmaron la orden de desafuero y el arresto preventivo.
No es el único indicio de que se estrecha el cerco en torno a la expresidenta. Según informa Efe, Carlos Kirchner, primo del fallecido expresidente argentino Néstor Kirchner, se entregó ayer a la Justicia y quedó detenido en relación con una causa en la que está procesado por presunto fraude en la concesión de obra pública durante el Gobierno de Fernández. El acusado acudió ayer a los tribunales federales de Buenos Aires después de que los fiscales federales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques pidieran al juez Julián Ercolini que lo detuviese.
«A través de distintas maniobras económicas y financieras elusivas, el acusado logró ocultar parte de su patrimonio y frustrar la posibilidad del rastreo y recuperación de activos, sustrayendo del alcance de la Justicia la suma de prácticamente 4 millones de pesos (218.500 dólares)», según el dictamen de los procuradores.
Sentencia firme
Con todo, la eventual prisión de Fernández no sería inminente. No solo porque queda otra instancia de apelación sino porque, además, el Senado advirtió de que solo tratará el desafuero cuando la senadora tenga sentencia firme. Así procedieron con el expresidente Carlos Menem, que fue condenado por tráfico de armas y aún es senador.
El Gobierno de Fernández firmó en 2013 un acuerdo con Irán para crear un tribunal de expertos internacionales que analizase las pruebas que pesan sobre siete iraníes. Desde 2007 Irán se negaba a extraditarlos y el acuerdo preveía que la Justicia argentina podría así avanzar en la investigación. El Congreso ratificó el acuerdo y la Justicia lo declaró inconstitucional. En medio, el malogrado fiscal Alberto Nisman, que conducía la investigación por el atentado, acusó a Fernández de intentar encubrir a los iraníes. Días después el fiscal apareció muerto en su piso. Los jueces sostienen que el acuerdo pudo haber sido una maniobra para levantar la solicitud de captura de los iraníes en Interpol, a pesar de que su secretario general negó haber recibido una solicitud en ese sentido.