Occidente pide a China que cierre los campos de internamiento de Xinjiang
INTERNACIONAL
También se denunció la persecución religiosa en el Tíbet y el acoso a los defensores de los derechos humanos
07 nov 2018 . Actualizado a las 05:00 h.La represión en Xinjiang y en el Tíbet centran las acusaciones contra China durante la evaluación que realiza el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. En la primera sesión, celebrada ayer, la mayoría de los países occidentales pidieron al Gobierno chino que clausure los campos de internamiento donde permanecen detenidos decenas de miles de uigures, de religión musulmana, en la Región Autónoma de Xinjiang, al noroeste del país. También se denunció la persecución religiosa en el Tíbet y el acoso a los defensores de los derechos humanos.
Pekín, que niega las acusaciones y asegura que las críticas de la ONU tienen «motivaciones políticas», defendió su historial de derechos humanos con un informe que presentó ante el Consejo el viceministro de Asuntos Exteriores, Le Yucheng. Aseguró que «no aceptará acusaciones políticas de algunos países que están cargados de prejuicios» y defendió que, en China, «los derechos de todos los grupos minoritarios están plenamente protegidos». Los avances en la protección de los derechos humanos, aseguró, se hacen de acuerdo con las condiciones y particularidades de China.
Las denuncias de activistas, organizaciones pro derechos humanos y periodistas, unidas a las imágenes de satélite, obligaron hace un mes a China a reconocer la existencia de los campos de internamiento, a los que califica como «centros de formación profesional». Sin embargo, los activistas aseguran que se trata de una campaña de represión contra los uigures y que cerca de un millón de miembros de esta comunidad permanecen retenidos arbitrariamente sin haber sido sometidos a juicio.
Amnistía Internacional denunció que las torturas y los malos tratos son habituales. La organización afirma que, desde que se aprobó la «Normativa Antirradicalización» en marzo de 2017, el gobierno intensificó el programa de reeducación, adoctrinamiento político y asimilación cultural de grupos étnicos de religión musulmana.
En la reunión de ayer, muchos países exigieron a China que respete la libertad religiosa en el Tíbet. También que se deje de acosar a los abogados que defienden casos de derechos humanos y que sean liberados los que permanecen detenidos desde 2015, como Wang Quanzhang. Ese año más de 200 abogados fueron detenidos en un operativo conocido como «709» [por 9 de julio] y muchos siguen en prisión.
Algunos países, como Canadá, creen que la situación de los derechos humanos en China empeoró desde la última evaluación hace cinco años.