La crisis que amenaza el sistema chavista parte de una nefasta política económica basada en la dependencia al petróleo

Manuel Varela
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Venezuela se asienta sobre una balsa de petróleo. El país caribeño cuenta con la mayor reserva del mundo: uno de cada cuatro litros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (que a su vez cuenta con el 81,89 % del total global) se asientan allí. Y, pese a ello, no figura entre los diez que más exportaron el año pasado. El oro negro hizo intocable a Arabia Saudí, levantó gigantes de cristal en Abu Dhabi y llevará un Mundial de fútbol a Catar, pero fue incapaz de salvar a Venezuela de la grave crisis humanitaria que atraviesa desde hace meses. En función de la fuente que se consulte, entre medio millón y 3 millones de personas abandonaron el país como refugiados. ¿Cómo llegó la principal reserva mundial de petróleo a una crisis que amenaza con terminar en guerra civil?

Si el territorio se encuentra sobre un mar de crudo, la economía del gobierno chavista también se erige sobre él con confianza ciega. En el 2016, la suma del petróleo crudo y el refinado representaron un 80,4 % de las exportaciones, según el Observatory of Economic Complexity, del Instituto Tecnológico de Massachusetts. «Esta excesiva dependencia fai á economía venezolana moi vulnerable ante os cambios experimentados nos prezos internacionais do petróleo», advierte Roberto Mansilla, analista e investigador del Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional (IGADI).

Uno de esos cambios se fraguó en Williston, un pueblo norteamericano de apenas 10.000 habitantes que redescubrió una nueva fiebre del oro negro a kilómetros de profundidad. Tanto allí como en otras localidades de Dakota del Norte o Texas, la técnica del fracking devolvió la autosuficiencia energética a Estados Unidos, principal receptor del crudo venezolano. A finales de los 90, Washington compraba más del 80 % del petróleo extraído en el país caribeño.

A partir del 2014, la OPEP y Rusia decidieron inundar el mercado multiplicando la producción para bajar el importe del barril de petróleo. El gran objetivo era Estados Unidos, cuyas explotaciones de fracking eran solo viables económicamente mientras el precio del brent se mantuviese por encima de los 100 dólares. Venezuela vio como el principal sustento de sus finanzas se resquebrajaba sin poder hacer nada para evitarlo. Mansilla apunta que la política venezolana hizo escasos esfuerzos por alejarse de una economía monoproductora.

«Nas dúas décadas de chavismo no poder, aumentou considerablemente a dependencia económica venezolana da súa industria petroleira», asegura. El sistema de control estatal sobre la economía impulsado a partir del 2007, con la nacionalizaciones de sectores económicos nacionales, «non repercutiu na posibilidade de procrear algún tipo de modelo alternativo económico que reducise a dependencia petroleira». El valor de las exportaciones de crudo y refinado se redujeron a más de la mitad en los últimos dos años, alcanzando cifras similares a las de 23 años atrás.

Al marco internacional se suman las dificultades de la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) para impulsar nuevas inversiones. «Non só nas áreas de exploración e de explotación, senón nas propias infraestruturas petroleiras no país, moi deterioradas», lamenta Mansilla. Las sanciones impuestas desde Estados Unidos desde el mes de enero para presionar la salida de Nicolás Maduro, dejan al país sin su principal fuente de financiación. Y no solo eso, Washington supuso en el 2017 el responsable de más del 90 % del petróleo refinado que entró en el país. Desde la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente de la república se interrumpe el envío diario de 120.000 barriles, reduciendo de manera drástica el abastecimiento interno de combustible.

«No seu cometido de acelerar a creación dunha economía comunitaria, o Estado venezolano sobredimensionou o seu papel económico», dando paso a un rígido sistema de controles de precios que «afectaron o normal desenvolvemento da economía venezolana». La política económica de los últimos años acabó generando una hiperinflación que condena al país a la deriva.

La inflación

La excesiva dependencia de un solo sector económico desembocó en una inflación que para el 2018 alcanzó el 13.000 %. Para hacerse una idea, en España ha sido del 1,18 % ese mismo año. «É unha economía netamente importadora, particularmente de produtos básicos, incapaz de afrontar a crónica escaseza dos mesmos por mor dunha industria nacional desarticulada», determinando así una situación de «crónico déficit público» que dibuja un producto interior bruto con fuertes caídas cada año.

Mansilla define otros cuatro puntos que dispararon los precios en el país. El primero es la depreciación de la moneda nacional, el Bolívar Fuerte, «a través de decisións moitas veces incomprensibles en materia monetaria, e que levaron a unha surrealista realidade cambiaria para a importación de diversos rubros». En esta política cambiaria está el Petro, la criptomoneda impulsada en agosto del año pasado, «orientada a desviar ás sancións internacionais contra activos do goberno de Maduro».

El analista del Igadi denuncia también la impresión de moneda desde el Banco Central de Venezuela (BCV), que dispara el gasto público social «principalmente ante conxunturas electorais», como las presidenciales y municipales celebradas durante el 2018. Por último menciona los compromisos de cumplimiento de deuda pública externa con sus principales acreedores, Rusia y China, junto a la rigidez de los controles estatales de la economía venezolana como principales factores que conducen a la actual hiperinflación.

 Condiciones de vida

Las universidades Central de Venezuela, Simón Bolívar y Católica Andrés Bello desarrollaron la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de la Población Venezolana (Encovi) ante la ausencia de información pública «que permita conocer la realidad social del país». A partir de 6.168 hogares, el proyecto demostró el progresivo declive en las condiciones de vida de los venezolanos.

Más de la mitad de los pobres lo son desde hace poco tiempo, mientras que hasta un 30 % padecen una situación de carestía de ingresos de forma crónica. El estudio observa que, en caso de mantenerse la progresión actual, el peso de la pobreza reciente será menor, si bien la crónica aumentará y provocará que a los hogares «les cueste mucho más salir de la pobreza».

El 89,4 % de los consultados reconocieron que los ingresos familiares son insuficientes para cubrir sus necesidades alimenticias básicas. La hiperinflación que padece el país se nota en la cesta de la compra, donde se ha minimizado la presencia de productos básicos.