La Venezuela de Maduro exporta más corrupción y menos petróleo
Una veintena de países investigan a más de 200 personas en 50 procesos judiciales
Jefe de sección
Petróleo y corrupción siempre han ido de la mano en Venezuela, el país con las mayores reservas de crudo del mundo. Los sucesivos dirigentes políticos del país hicieron caso omiso al llamamiento hecho ya en e 1936 por Arturo Uslar Pietri para aprovechar una riqueza transitoria y «sembrar el petroleo», invirtiendo las rentas de una economía destructiva en el desarrollo de la agricultura, la ganadería y la industria nacionales, como base de una economía sostenible «que será -añadía- nuestra verdadera acta de independencia». Pero desde la nacionalización de este recurso, en 1976, lo que se sembró fue corrupción. Eliminarla fue el banderín de enganche que llevó a Hugo Chávez al poder por medio de las urnas hace 20 años. Durante su mandato se disparó el precio del barril y con ello también la corrupción que supuestamente iba a combatir.
La «robolución»
La revolución bolivariana degeneró en robolución. La muerte del líder coincidió con el final de la era de vacas gordas. Desde entonces no solo cayeron los precios sino también la producción, que es la más baja de las tres últimas décadas, según la OPEP.
En los seis años de Maduro, lo que queda de país está al borde de la bancarrota gracias, en buena medida, al expolio de la petrolera estatal PDVSA. De su caja se han volatilizado en los últimos años más de 25.000 millones de dólares robados, sin contar los malgastados en los caprichos del líder y sus acólitos.
Sin fronteras
Según la oenegé Transparencia Venezuela, los tentáculos del pulpo de la corrupción venezolana han dado la vuelta al mundo. Así lo ponen de manifiesto las investigaciones judicializadas en al menos una veintena de países, que algunas fuentes amplían a 49 más.
Transparencia recoge datos concretos de veinte países, donde se instruyen 50 procesos en los que están involucradas no menos de 200 personas. Entre los investigados, algunos ya condenados, destacan exfuncionarios chavistas, personajes de alto nivel de los gobiernos de otros países y supuestos empresarios.
El país en el que se han abierto más investigaciones por corrupción vinculada con Venezuela es Estados Unidos. Por lo menos 19 procesos judiciales están en marcha en Washington y otros estados de la Unión por valor de más de 5.700 millones de dólares.
El principal escándalo, que afecta a unos 2.400 millones de dólares, tiene que ver con el lavado de dinero producto de delitos de la Oficina del Tesoro durante las jefaturas de Alejandro Andrade y de Claudia Díaz. Estos funcionarios habrían recibido sobornos de empresarios como Raúl Gorrín, presidente de Globovisión, a cambio de favorecerlos en la asignación de bonos que compraban en bolívares, pero que el Estado debía pagar en dólares.
Un reguero de irregularidades
Otros países del entorno como Brasil también han abierto investigaciones por el desfalco de dinero en Venezuela. Una de las tres causas salpica a la empresa JBS, que vendió carne a la empresa estatal venezolana CASA.
Ecuador tiene abiertos tres procesos. Uno de ellos está limitado al uso irregular de la moneda virtual el Sucre, creada durante los mandatos de Hugo Chávez y Rafael Correa en el marco de la organización Alternativa Bolivariana (ALBA). La Fiscalía General de Ecuador reveló que en ese país se constituyeron empresas de fachada que simularon operaciones de comercio exterior con Venezuela, es decir, hubo exportaciones ficticias y sobrevaloradas desde Ecuador a Venezuela a través del Sucre.
En Colombia se han abierto dos investigaciones entre las que destaca la que solicitó el expresidente Juan Manuel Santos, en mayo del 2018, a raíz de la incautación en el puerto de Cartagena de 400 toneladas de alimentos que estaban destinados a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
También hay constancia documental de procesos abiertos en Argentina, Uruguay, México, República Dominicana, Haití, Aruba, Italia, El Salvador, Puerto Rico y hasta en Uganda, donde entraron ilegalmente cientos de toneladas de oro venezolano.
España, el segundo destino preferido de los sospechosos
Los tradicionales nexos familiares, idiomáticos y de todo tipo entre Venezuela y España, así como su proximidad y conexiones bancarias con Andorra, están siendo aprovechados por los protagonistas del expolio que buscaban de un resguardo seguro para su botín, especialmente desde que las cosas se han complicado en EE.UU.
Los tribunales españoles han tomado cartas en el asunto y son los segundos en número de procesos abiertos después de los norteamericanos. De los once que Transparencia tiene localizados en Europa, al menos cuatro se tramitan en España. Uno de ellos involucra a Claudia Patricia Díaz Guillén, extesorera y enfermera de Chávez, así como a su esposo Adrián Velásquez, quien ejerció de guardaespaldas del comandante.
El juzgado de instrucción 28 de Madrid abrió la investigación contra esta pareja para verificar si los 1,8 millones de euros invertidos en la compra de un apartamento de lujo salieron de las arcas de Venezuela. Otro juzgado madrileño investiga a Nervis Villalobos, viceministro y ministro encargado de Energía y Minas entre el 2003 y el 2006, y a su mujer Milagros Coromoto por presunto lavado de dinero proveniente de sobornos de PDVSA y el cobro de casi 90 millones de euros.
El pasado mayo un juzgado de la Audiencia Nacional ordenó el arresto en Madrid del exministro venezolano de Desarrollo Eléctrico Javier Alvarado Ochoa por los presuntos pagos de comisiones y sobornos efectuados por el grupo de ingeniería asturiano Duro Felguera a políticos venezolanos.
Un extraño suicidio
El pasado julio, también por orden de la Audiencia Nacional eran detenidos el gallego Raúl Morodo, embajador de España en Venezuela en el primer mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, su hijo y otras tres personas que están siendo investigadas por el presunto blanqueo en España de al menos 4,5 millones procedentes de la caja de PDVSA. Uno los detenidos, exdirectivo de la petrolera, en libertad con cargos, que había manifestado su disposición a colaborar con la Justicia, apareció muerto a los pocos días en su despacho de la periferia de Madrid, en un aparente suicidio.
Tribunales de Andorra, Italia, Suiza, Liechtenstein, Bulgaria y Portugal tramitan procesos similares. En el de Portugal hasta está involucrado el expresidente del Banco Espíritu Santo en la desaparición de 3.500 millones de PDVSA.
