Venezuela sufrió en el 2019 una crisis de derechos humanos «sin precedentes»
INTERNACIONAL
Amnistía Internacional cree que han podido cometerse «crímenes de lesa humanidad»
28 feb 2020 . Actualizado a las 13:32 h.El año 2019 ha vuelto a ser en Venezuela un año negro. Al tiempo que la emergencia humanitaria persistió por las «ineficaces» medidas económicas adoptadas por las autoridades, la situación de los derechos humanos se situó en niveles «sin precedentes». Es una de las conclusiones del informe de Amnistía Internacional (AI) sobre los derechos humanos en Latinoamérica, una región cuya radiografía es «muy alarmante» y en la que, además del país caribeño, destacan Chile y México. Según AI, el año pasado 208 personas perdieron la vida en América Latina de manera violenta por defender los derechos humanos, y muchas otras sufrieron hostigamiento, criminalización y desplazamiento forzado.
«El Gobierno continuó negándose a reconocer la gravedad de la crisis y a aceptar ayuda de agencias humanitarias. Aumentó el flujo de personas obligadas a viajar a países vecinos para acceder a los bienes más básicos», subraya el estudio sobre Venezuela y apunta que, en paralelo, la represión ejercida por el régimen de Maduro contra los disidentes podría constituir un crimen de pesa humanidad.
El impacto de las sanciones
A los factores internos, AI suma las sanciones impuestas por Estados Unidos en agosto contra entidades gubernamentales y cree que su «sobrecumplimiento», tanto en EE.UU. como en otros países, generó «obstáculos a la hora de acceder a bienes en Venezuela, lo que exacerbó la escasez existente de bienes y servicios básicos».
El informe recuerda que, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), siete millones de personas precisaban ayuda humanitaria en Venezuela al acabar el 2019, mientras que el país «seguía atravesando una crisis de derechos humanos sin precedentes». «Continuaron las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias, el uso excesivo de la fuerza y los homicidios ilegítimos por parte de las fuerzas de seguridad en el marco de una política de represión para silenciar la disidencia», asegura AI.
La situación fue especialmente grave a principios de año, con el aumento de la tensión entre el poder Ejecutivo, en manos de Maduro, y el poder Legislativo, liderado por Juan Guaidó. «Las autoridades respondieron a la creciente protesta social con una amplia variedad de violaciones de derechos humanos y una intensificación de la política de represión». Además, «se sometió a presos y presas de conciencia a procesos penales injustos», mientras que «la libertad de reunión y de expresión siguió bajo amenaza constante» y los defensores de derechos humanos «sufrían estigmatización y afrontaban cada vez más obstáculos para desempeñar su labor», resume la organización internacional.
Ejecuciones extrajudiciales
AI cifra en 11 el número de jóvenes asesinados por las fuerzas de seguridad, principalmente de la Policía Nacional Bolivariana a través de sus Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), entre el 21 y el 25 de enero, todos con un patrón uniforme: «Todas las víctimas eran hombres jóvenes críticos -o considerados críticos- con el Gobierno, provenían de zonas de bajos ingresos y habían tenido una participación visible o difundida en las protestas». El régimen enmarcó estos casos en situaciones de resistencia a la autoridad, pero Amnistía Internacional apunta la existencia de «indicios de que se habían modificado las escenas de los crímenes» y concluye que, puesto que las ejecuciones extrajudiciales parecían formar parte de un ataque sistemático contra la población civil, «podían constituir crímenes de lesa humanidad».
En este supuesto encajan también, según la oenegé, las detenciones masivas por las protestas de enero del 2019: fueron arrestadas más de 900 personas en cinco días, 770 de ellas en un solo día. A menudo fueron «sometidas a malos tratos, tortura y violaciones del debido proceso». Al menos 24 personas murieron durante las protestas, la mayoría a manos de agentes de las fuerzas de seguridad públicas y de civiles armados que actuaban con su aquiescencia, concluye.
Los okupas chavistas de una icónica torre de Caracas
r. gonzález / EFE
El pensionista Antonio Moreno tiembla sin control mientras convalece de una infección respiratoria en su improvisado apartamento de la Torre Viasa, un icónico edificio de Caracas que perteneció a la liquidada aerolínea venezolana y que ocuparon varias familias sin techo hace casi 15 años.
La pared frente a su cama la decoran imágenes de Hugo Chávez y del Che Guevara, con quienes -asegura- simpatiza como buen militante del chavismo, que gobierna el país desde hace 21 años. «Me metí aquí pensando que nos reubicarían», dice con dificultad. Moreno, de 61 años, padece párkinson, pero no sigue tratamiento por falta de recursos y porque algunos de los fármacos que necesita «no se consiguen» en las farmacias de Caracas. Antes de ser okupa, vivió arrendado. Cuando el párkinson le deja pasea por el espacio sin divisiones que llama casa y que solía ser una de las oficinas del quinto piso de la aerolínea Viasa, que adquirió en 1991 la española Iberia y seis años más tarde se declaró en quiebra.
En la Torre Viasa el olor a aceite quemado y plátanos fritos es la norma desde que decenas de las familias que la habitan encontraron en los llamados «tostones», uno de los snacks favoritos de los caraqueños, un medio de subsistencia. Cada día se fríen cientos de kilos de plátanos verdes que luego se empaquetan a mano y se expenden por menos de 10 centavos de dólar en cada rincón de la capital venezolana.
El olor a tostones penetra el espacio de Moreno. También el de su vecina, la pensionista Laura Ramírez, que vive sola en una habitación que supera los 80 metros y cuenta con agua y electricidad. Todo un lujo en Venezuela.
«Le pido a mi Dios que me ayude a salir de aquí, porque que va, ya no se puede», dice esta mujer de 61 años que trabajó para el Estado y en la economía informal y que siempre ha votado por el chavismo. Pero luego señala que se siente «tranquila» y «acostumbrada» tras 13 años viviendo en la torre.
«La cosa con la vivienda está dura», dice el ama de casa y portavoz vecinal Ivonne Madrid, que no pierde las esperanzas de que este año las 140 familias que ocupan la torre sean trasladadas a verdaderos hogares. Su realidad contrasta con los datos oficiales del Gobierno, que dice haber entregado unos tres millones de hogares a través de un plan social conocido como Misión Vivienda.
