Un tribunal autoriza que se sigan investigando los archivos que Trump se llevó de la Casa Blanca
INTERNACIONAL
La Cámara de Representantes de EE.UU. prepara una ley para blindar los resultados de las elecciones presidenciales
22 sep 2022 . Actualizado a las 19:57 h.Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos dictaminó este jueves que el Departamento de Justicia podrá continuar con el análisis de los documentos clasificados que fueron incautados en el complejo turístico y residencial de Donald Trump en Mar-a-Lago (Florida). Este tribunal anula así la orden de un juez de primera instancia que bloqueó el trabajo de los investigadores federales, lo que constituye una derrota para el equipo legal del expresidente, según informa Colpisa.
De esta forma, el juez Raymond Dearie, el perito independiente designado para estudiar los documentos secretos, podrá continuar con sus pesquisas para determinar si se trata de material de la Administración o archivos privados del expresidente.
«Es evidente que la ciudadanía tiene un gran interés en garantizar que los archivos clasificados no causen un daño excepcionalmente grave a la seguridad nacional», dijo el equipo de tres jueces del tribunal de apelaciones. «Asegurarse de eso implica necesariamente revisar los documentos, determinar quién tuvo acceso a ellos y cuándo, y decidir qué fuentes o métodos (si los hay) están comprometidos», señalan en su fallo.
A lo largo del litigio, los abogados de Trump habían planteado que los documentos habían sido desclasificados por el propio Trump, ya que, como presidente, tenía potestad para hacerlo. Sin embargo, los magistrados estiman que «el expediente no contiene evidencias de ello». «Las marcas de clasificación de los archivos establecen que son archivos del Gobierno y que los funcionarios responsables determinaron previamente que su divulgación no autorizada causaría daños excepcionalmente graves, a la seguridad nacional», apuntaron, por su parte, los fiscales.
El Departamento de Justicia había solicitado la intervención del tribunal en la disputa por los documentos de Mar-a-Lago, después de que Trump presentara una demanda para obtener el nombramiento de un perito independiente para analizar los aproximadamente 11.000 documentos que el FBI incautó en la casa de Trump en Florida.
Reforma legal
Por otra parte, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este miércoles (madrugada del jueves en España) un proyecto de ley que refuerza el proceso de recuento electoral y busca tanto evitar que se cuestione el resultado de las presidenciales como garantizar una transición de poder pacífica. La normativa fue respaldada por 229 votos a favor y 203 en contra, según informa Efe.
El proyecto de ley ha sido impulsado por la congresista republicana Liz Cheney y la demócrata Zoe Lofgren quienes, en su alegato en favor de una reforma de la actual ley electoral, citan de forma explícita el asalto al Capitolio del 6 de enero del 2021, que tuvo lugar mientras se certificaba la victoria de Joe Biden frente a Donald Trump.
Esta regulación, según explicó Lofgren en su cuenta de Twitter, aboga por defender el Estado de derecho y por garantizar que los hipotéticos ataques a la legitimidad de unos comicios no se puedan ejecutar en el futuro.
«Este proyecto de ley es crucial y muy importante para garantizar que lo que sucedió el 6 de enero no se repita», añadió en el debate parlamentario Cheney, vicepresidenta, además, del comité bipartidista del Congreso que investiga ese asalto a la sede del Legislativo.
El papel del vicepresidente
Trump aseguró el año pasado a sus seguidores que el entonces vicepresidente, Mike Pence, tenía la potestad de rechazar el recuento electoral ya certificado por los diferentes estados.
Aunque Pence afirmó públicamente que la Constitución no le otorgaba ese poder, muchos trumpistas que participaron en la protesta del 6 de enero del 2021 pidieron que lo «colgaran» al pensar que podría haber evitado la victoria demócrata.
La reforma validada ahora por la Cámara de Representantes deja claro que el vicepresidente, puesto ocupado en la actualidad por Kamala Harris, no tiene la capacidad legal de revocar los resultados de las presidenciales.
El líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, coincide en que la ley electoral debería ser reformada, pero no ha aclarado si llegado el momento apoyará la propuesta en la Cámara Alta.
Esta reforma llega después de que un grupo de senadores de ambos partidos dieran a conocer en julio otra iniciativa para dotar de mayores garantías al recuento electoral y dificultar que los legisladores los cuestionen.
En la actualidad, se necesita solo un diputado de la Cámara de Representantes y otro del Senado para plantear una objeción. El acuerdo cerrado en el Senado ampliaría ese umbral a una quinta parte de ambas instituciones, mientras que la propuesta de la Cámara de Representantes eleva el porcentaje requerido a un tercio.