Decenas de miles de personas se manifestaron en todo el país para reclamar que se encuentre a los verdaderos culpables de la tragedia, en medio de una huelga general de 24 horas
16 mar 2023 . Actualizado a las 18:06 h.Una huelga general de 24 horas paralizó este jueves en Grecia el transporte, incluidos los vuelos, y buena parte de los servicios públicos, con decenas de miles de personas manifestándose de nuevo en todo el país contra el Gobierno conservador de Kyriakos Mitsotakis por el accidente de tren en el que murieron 57 personas el pasado 28 de febrero.
Aunque el comercio y la industria no se han sumado al paro, convocado por los dos sindicatos más importantes, ADEDY y GSEE, el transporte público, la sanidad pública y muchos centros educativos han suspendido o reducido su actividad. También están en huelga los trabajadores de los puertos, los taxistas, y todo el servicio público de transporte urbano.
En Atenas, unas 28.000 personas, según la policía, se congregaron ante el Parlamento griego para reclamar que se encuentre a los verdaderos culpables de la tragedia, y en protesta contra el Gobierno, al que responsabilizan de no garantizar la seguridad ferroviaria por retrasar la instalación de sistemas de seguridad. «Que dimita el Gobierno asesino» se podía leer en una pancarta que levantaron los manifestantes, mientras otra pedía «Que no se encubra el crimen de Tempe», localidad cerca de donde se produjo el siniestro. Decenas de miles de personas se manifestaron también en más de 70 ciudades griegas.
En la protesta de Atenas se produjeron distintos altercados, cuando grupos de manifestantes lanzaron cócteles molotov a los policías antidisturbios, que respondieron con gases lacrimógenos y granadas aturdidoras.
El principal partido de oposición, el izquierdista Syriza, acusó al Gobierno conservador de reprimir violentamente la protesta antigubernamental. En su comunicado, Syriza adjunta un vídeo publicado en el sitio web del diario griego Avgi, en el que se puede ver a antidisturbios abalanzándose contra un grupo de manifestantes sin ser provocados y lanzándoles al mismo tiempo granadas aturdidoras.
El Gobierno mantuvo inicialmente la tesis de que el accidente se debió a un error humano y, de momento, han sido imputados cuatro empleados de los ferrocarriles, entre ellos el jefe de estación que puso en la misma vía a un tren de pasajeros y uno de mercancías que acabaron colisionando.
Ante la presión en la calle, Mitsotakis acabó pidiendo perdón y reconociendo la falta de sistemas de seguridad en buena parte de la red ferroviaria, como el tramo donde se produjo el accidente.
De hecho, desde el 2014 se viene retrasando la ejecución de un contrato, con financiación de la Unión Europea, para mejorar el sistema de señalización e instalar un sistema del control remoto en ese tramo. Días después del accidente se reveló que el Gobierno griego ignoró advertencias planteadas por la oposición y los sindicatos sobre problemas de seguridad en la red ferroviaria semanas antes del siniestro.
Aparte de la presión en la calle, Mitsotakis afronta la caída en las encuestas de intención de voto de su partido, Nueva Democracia, de cara a las elecciones que se celebraran, probablemente, el 21 de mayo, y que le colocan ahora a solo tres puntos del izquierdista Syriza, la mitad de la ventaja que le sacaba antes del accidente.
Indemnizaciones a las víctimas
Hellenic Train, la empresa privada que opera los ferrocarriles de Grecia, indemnizará a cada familia de las 57 víctimas mortales del accidente de tren del 28 de febrero con un «pago adelantado» de 42.000 euros.
Los pasajeros heridos recibirán una indemnización de entre 5.000 y 10.000 euros, dependiendo de sus heridas y de la duración de su hospitalización, señaló la compañía en un comunicado.
Hellenic Train, controlada por los ferrocarriles de Italia, matiza que las indemnizaciones «no constituyen en modo alguno una aceptación de responsabilidad por parte de la compañía», en conformidad con lo que prevé el reglamento comunitario.
El Gobierno griego anunció la semana pasada que indemnizará a cada familia que haya perdido un ser querido en el accidente con una pensión mensual de 1.600 euros y la eliminación de sus deudas ante el Estado.