Bullrich endurece la ley para evitar incidentes en las primeras manifestaciones contra Milei
INTERNACIONAL
Tras los anuncios de ajustes económicos hechos en la primera semana de gobierno de Javier Milei, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó «un protocolo para el mantenimiento del orden público» que busca asegurar la libre circulación en rutas y calles, e intenta contener el malestar social que pueda traducirse en piquetes y cortes de tráfico. «La ley no se cumple a medias; se cumple o no se cumple», sostuvo la excandidata a la presidencia de Juntos por el Cambio, que devino en ministra del actual Gobierno después de su derrota en primera vuelta.
Bullrich, que ya ocupó este mismo cargo en el Gobierno del expresidente Mauricio Macri, aseguró que las cuatro fuerzas federales (Gendarmería, Policía Federal, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria) y el Servicio Penitenciario podrán intervenir frente a bloqueos parciales o totales, de acuerdo a los códigos procesales vigentes. El protocolo advierte de que no habrá vías alternativas de circulación, sino que se va a actuar para dejar liberado todo el espacio de tránsito; se identificará a los autores e instigadores del corte y estos datos se comunicarán a las autoridades correspondientes. Respecto a la participación de niños y adolescentes en las movilizaciones, «se sancionará a quienes lleven niños que deberían estar en la escuela», dijo Bullrich, y agregó que: «Por los costes vinculados a los operativos de seguridad, se les enviarán las facturas a las organizaciones o individuos responsables».
Por último, señaló que el nuevo protocolo para el mantenimiento del orden público deroga el «protocolo garantista de Nilda Garré». Se trata del protocolo de actuación ante las manifestaciones, bajo conducción política y sin armas de fuego, presentado en el 2011 por quien fuera ministra de Seguridad de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Tanto sindicatos como organizaciones sociales y de derechos humanos rechazaron las medidas y advirtieron de que el protocolo no respeta los derechos y garantías elementales de la Constitución y de los estándares internacionales. El 20 de diciembre, el plan Bullrich será puesto a prueba en una gran movilización de organizaciones sociales.