Junts vota junto al PP y Vox en el Senado contra el régimen de Nicolás Maduro
INTERNACIONAL
La Cámara Alta secunda al Congreso y aplica otro correctivo al Gobierno al instarle a reconocer a González como «legítimo» presidente de Venezuela
18 sep 2024 . Actualizado a las 21:01 h.Nuevo tirón de orejas parlamentario al Gobierno en materia de política exterior en menos de siete días, que se suma a su derrota del martes por la noche sobre el límite a los alquileres temporales. El Senado, como se preveía dada la mayoría absoluta del PP, secundó este miércoles al Congreso e instó a Pedro Sánchez a reconocer al líder opositor Edmundo González Urrutia como «legítimo» ganador de las elecciones venezolanas del 28 de julio. La novedad es que esta vez los populares lograron sumar a Junts, además de a Vox y UPN. Los de Carles Puigdemont, a diferencia de la semana pasada cuando no participaron en la votación tras abandonar el hemiciclo para «celebrar la Diada», optaron por votar junto al bloque de la oposición.
La iniciativa recibió 149 sufragios a favor, 102 en contra —los del PSOE y sus socios— y dos abstenciones, las de Agrupación Herreña Independiente (AGI) y Asociación Socialista Gomera (ASG). Por su parte el PNV, que se posicionó a favor en el Congreso el miércoles anterior, no participó esta vez en la votación de una medida que iba más allá de pedir el reconocimiento de González Urrutia como «presidente electo» e incluía, a diferencia de la moción aprobada por la Cámara Baja, la exigencia a Moncloa de reclamar al régimen de Maduro que «reconozca el resultado (...) y dé paso a un proceso de traspaso de poderes y de transición a la democracia».
La propuesta pide además al Gobierno que ejerza «un papel de liderazgo» tanto en la UE como entre los países iberoamericanos «en defensa de los principios democráticos, las libertades y el Estado del derecho» y le llama a «posicionarse, llegado el caso, a favor de sanciones específicas contra los dirigentes del régimen venezolano y a dirigirse a la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) para que dicte una orden de arresto» contra Maduro y «otros sospechosos de crímenes de lesa humanidad».
Posición comprometida
Una posición que, sin embargo, resulta demasiado comprometida para Exteriores, que mantiene como hoja de ruta consensuar primero una postura en la UE y seguir exigiendo a Caracas la publicación de las actas electorales. O «irresponsable», incluso —como defendió un día antes, en el Senado, el ministro José Manuel Albares—, de cara a los intereses de empresas y ciudadanos españoles que residen en el país caribeño. Y, concretamente, ante la situación de los dos bilbaínos detenidos por el chavismo tras ser acusados de formar parte de un complot para «desestabilizar» Venezuela.
La diplomacia española, paralelamente, sigue intentando, en vano, conocer la localización y el estado de estos dos jóvenes a los que Maduro imputa un delito de «terrorismo» y formar parte del CNI, algo que tanto el Gobierno como sus familiares niegan.
Mientras las gestiones se complican, en lo doméstico el PP redobla la presión contra Sánchez para que tache de «dictadura» a Venezuela. «Es hora de poner al régimen venezolano donde se merece», conminó el senador popular José Antonio Monago, que calificó la respuesta del Gobierno en esta crisis de «triste y vergonzosa» y definió a José Luis Rodríguez Zapatero como «facilitador de la dictadura».
La iniciativa aprobada, como la de la Cámara Baja o la que se votará hoy en el Parlamento Europeo, no es vinculante para el Gobierno.