El método levanta alarmas en el país ya que, al parecer, no se hará mediante licitaciones, sino por adjudicación directa
07 dic 2024 . Actualizado a las 05:00 h.Asediado de nuevo por la crisis económica y la amenaza de más sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea, el régimen de Nicolás Maduro se propone privatizar entre 300 y 350 empresas nacionalizadas durante el segundo Gobierno de su antecesor, Hugo Chávez, entre el 2007 y el 2013.
Hasta ahora, no hay información oficial sobre cómo se realizarán las privatizaciones; solo comentarios del presidente de Conindustria, el gremio de los industriales privados, Luigi Pisella, cercano a Nicolás Maduro. Tras denostar durante dos décadas del capital privado, la revolución bolivariana tiene ahora en los gremios empresariales (Fedecámaras, Conindustria y Consecomercio) a algunos de sus más firmes aliados.
Pero, por lo pronto, ya al menos un intento de privatización de una empresa pública ha levantado la alarma, y no en Venezuela, sino en Colombia: se trata de Monómeros Colombo-Venezolanos, petroquímica que a finales del primer Gobierno de Donald Trump (2019-20) y, mientras gobernaba en Colombia Iván Duque, fue gerenciada por la «presidencia interina» de Juan Guaidó, al igual que Citgo, petrolera de Pdvsa en Estados Unidos, que continúa bajo la administración de una junta directiva.
Colombia quiere recuperar
El anuncio de que se encargaría al empresario colombiano Alex Saab, hoy ministro de Industrias de Venezuela (tras pasar tres años preso entre Cabo Verde y EE.UU., acusado en ese último país de lavado de dinero), la privatización de Monómeros ha llevado al Gobierno de Gustavo Petro (que devolvió la propiedad de la empresa al régimen de Maduro) a intentar comprarla y evaluar si la intervendrá antes de que la venta se produzca, toda vez que es estratégica para el país, pues produce el 40 % de los fertilizantes que consume.
La total opacidad del método que se estaría usando para transferir empresas a capitales privados también está levantando alarmas en Venezuela. No sería mediante licitaciones, sino adjudicación directa, en un país en el que portavoces del chavismo han señalado que la corrupción desvió más de 350.000 millones de dólares hacia sus arcas durante 25 años.