Oenegés y diputados laboristas aseguran que miles de refugiados podrían terminar como «ciudadanos de segunda»
13 feb 2025 . Actualizado a las 21:26 h.Los inmigrantes que ingresen ilegalmente y por vías peligrosas al Reino Unido no podrán obtener la ciudadanía británica jamás. Así lo contemplan las nuevas normas migratorias que el Gobierno de Keir Starmer ha introducido en lo que parece un intento por contentar a los sectores de su partido que desean asumir una postura más dura con los simpapeles y así frenar la subida en las encuestas del populista y eurófobo Partido de la Reforma.
De acuerdo con las nuevas regulaciones de Interior, todo aquel extranjero que ingrese al país cruzando irregularmente el Canal de La Mancha y por medios peligrosos como endebles barcos o escondido en vehículos de carga se le negará la ciudadanía, independientemente del tiempo transcurrido.
«Estas directrices dejan en claro que cualquier persona que entre ilegalmente en el Reino Unido, incluidas las que llegan en pequeñas embarcaciones, se enfrenta a la denegación de su solicitud de ciudadanía británica», agregó un portavoz del Home Office a la BBC. Hasta ahora, los extranjeros que hubieran ingresado ilegalmente a las islas tenían que esperar 10 años para hacerse con la ciudadanía.
Competir por ser el más duro
La decisión ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos y también por algunos legisladores laboristas. El Consejo de Refugiados denunció que las nuevas regulaciones podrían impedir a unas 71.000 personas que ya han obtenido asilo que puedan conseguir en el futuro la ciudadanía británica. Por su parte, la diputada laborista Stella Creasy aseguró que la decisión dejará a miles de refugiados «como ciudadanos de segunda para siempre».
Las medidas demuestran cómo la inmigración sigue dominando la política británica, en especial después de que las encuestas anunciaran a principios de mes que el Partido de la Reforma, partidario de cerrar totalmente las fronteras, lidera la intención de voto.
Apenas la semana pasada la líder conservadora Kemy Badenoch prometió que de volver al número 10 de Downing Street, buscará expulsar a los extranjeros desempleados, aquellos que reciban ayudas o a los que aún trabajando perciban salarios bajos.