El FBI arresta a una jueza acusada de obstruir la detención de un migrante irregular
INTERNACIONAL
La agencia sostiene que desvió intencionadamente a los agentes que iban a realizar el arresto y facilitó la salida del simpapeles. Su detención representa una escalada en el enfrentamiento entre el Gobierno y el poder judicial
25 abr 2025 . Actualizado a las 20:54 h.La Administración Trump dio un paso más en su escalada para hacer frente a todo aquel que interfiere en la aplicación de su política migratoria y, por primera vez, el Departamento de Justicia ordenó este viernes al FBI arrestar a una jueza de Wisconsin por obstruir la detención de un inmigrante mexicano hace una semana.
En la plataforma X, el director del FBI, Kash Patel, señaló que se detuvo a Hannah Dugan, jueza de un tribunal de primera instancia del condado Milwaukee, bajo indicios de que «desvió intencionadamente a los agentes federales» que llegaron al juzgado para detener al migrante, identificado como Eduardo Flores Ruiz.
Según la denuncia, la jueza escoltó a Flores Ruiz y a su abogado a salir por la puerta del jurado, que conduce a un área privada del tribunal. «Afortunadamente, nuestros agentes persiguieron al delincuente a pie y permanece detenido desde entonces», escribió Patel.
Patel borró posteriormente el mensaje de sus redes sociales, pero la detención de Dugan fue confirmada por medios locales, aunque horas después fue puesta en libertad.
Aún se desconocen los cargos específicos que se le imputan a la juez, pero su detención representa una escalada en el enfrentamiento entre el Gobierno y el poder judicial por sus políticas migratorias. Varios jueces federales en distintos distritos del país han fallado en contra de las medidas que el Gobierno republicano está tomando para acelerar y aumentar la cantidad de deportaciones y expulsiones de migrantes.
Una de las acciones más controvertidas ha sido el uso de una ley del siglo XVIII para tiempos de guerra, conocida como la Ley de Enemigos Extranjeros, para detener a migrantes (en su mayoría venezolanos) y enviarlos a una megacárcel que Nayib Bukele en El Salvador.
Las decisiones judiciales han sido recibidas con rechazo por parte de la Casa Blanca, que ha tildado a los jueces de estar actuando de manera «subordinada».
A principios de mes, el Tribunal Supremo permitió que el Gobierno continuara con las expulsiones de migrantes, siempre y cuando se les notificara previamente y les diera un «tiempo razonable» para apelar sus casos. La Casa Blanca, sin embargo, continuó con los vuelos a El Salvador, lo que forzó al Supremo a intervenir de emergencia el fin de semana pasada y ordenar que cancelara las expulsiones de manera temporal.
En total, EE.UU. ha enviado a más de 200 migrantes —en su mayoría venezolanos— a la prisión de alta seguridad de El Salvador en lo que grupos en defensa de los derechos humanos como Human Rights Watch han calificado como «desaparición forzada».
La Administración Trump ha defendido las expulsiones acusando a los migrantes de tener vínculos con las pandillas Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha (MS-13), calificadas recientemente por Washington como grupos terroristas. Sin embargo, múltiples investigaciones de medios estadounidenses han demostrado que la mayoría de los migrantes expulsados a El Salvador no tienen antecedentes penales.
El Gobierno de EE.UU. llegó a un acuerdo con Bukele para enviar a migrantes hacia el Centro de Confinamietno del Terrorismo (Cecot), una prisión notoria por las denuncias de abusos a derechos humanos. Como parte del trato, del que no se conocen detalles específicos, Washington pagará a El Salvador seis millones de dólares anuales para sostener el sistema carcelario.