Ahora deberá ir a un referendo previsto para la primavera
30 oct 2025 . Actualizado a las 21:25 h.La polémica reforma judicial impulsada por el Gobierno de Giorgia Meloni superó este jueves su último trámite parlamentario con el visto bueno del Senado, aunque la introducción de esos cambios en la Constitución necesitarán que la ciudadanía lo avale mediante un referendo previsto en la primavera del 2026. El proyecto de ley constitucional salió adelante con 112 votos a favor, 59 en contra y nueve abstenciones.
«Con la aprobación en cuarta y última lectura de la reforma constitucional sobre la Justicia, damos un paso importante hacia un sistema más eficiente, equilibrado y orientado a los ciudadanos. Un hito histórico y un compromiso concreto cumplido en favor de los italianos», resaltó Meloni en redes sociales. No en vano, se trata de una de las medidas estrellas del Ejecutivo y una de las batallas del socio de la coalición gubernamental, Forza Italia, que ve cumplido el deseo de su fundador, el ex primer ministro Silvio Berlusconi.
Entre los principales cambios que establece la reforma está la separación entre las carreras de jueces (que dictará sentencia) y fiscales (que llevarán a cabo las investigaciones) e implica al Parlamento en la designación de los miembros de los órganos de gobierno de la judicatura, en detrimento del papel que ostentan actualmente las principales corrientes ideológicas. Según el Gobierno, el objetivo es combatir las influencias políticas y garantizar mayor independencia del poder judicial, mientras magistrados y oposición alegan todo lo contrario.
Un test para Meloni
«Ahora, la palabra la tendrán los ciudadanos», afirmó Meloni. El Gobierno se juega mucho en el referendo. Se prevé una larga y dura campaña que será aprovechada para atacar al Gobierno —sobre todo de cara a las elecciones del 2027— tanto por la oposición (encabezada por el Partido Democrático y el Movimiento 5 Estrellas) como por la magistratura, que se opone al cambio. La Liga de Salvini es el único apoyo fuera de la coalición de Gobierno.
Los miembros del Ejecutivo intenta desligar el futuro de Meloni del resultado del referendo. Temen que una derrota se interprete como un varapalo a la labor de la primera ministra, que puede verse alentada por una baja afluencia a las urnas, como ha ocurrido en los últimos comicios y sobre todo en los referendos, donde se necesita el 50 % de la participación para que sean válidos. Italia aún recuerda la caída, en el 2016, del entonces primer ministro Matteo Renzi al perder la consulta sobre la reforma constitucional que habría puesto fin al sistema bicameral y a la creación de un Senado de las regiones.