Ingemarga dispone hasta el martes próximo para decidir si readmite a los 28 trabajadores despedidos en el mes de febrero, o si por el contrario opta por abonarles las indemnizaciones que les corresponden, en el caso de que descarte la posibilidad de presentar recurso de casación ante el Supremio. UGT y la CIG, sindicatos que presentaron las demandas que llevaron finalmente a las sentencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia abogan por la primera de las opciones. La postura de ambas frente a las dos sentencia del alto tribunal gallego, relativas a los 28 trabajadores y a los dos miembros del comité de empresa fueron dadas a conocer ayer en una rueda de prensa a la que asistieron los afectados. Éstos celebrarán el fallo a su favor, después de nueve meses de incertidumbre y con secuelas irreparables.
Los miembros del comité de empresa tendrán la opción de decidir si retornan a la empresa o aceptan la indemnización. Por el momento, según pusieron de manifiesto los afectados, no han decidido por qué solución optarán.
En el ambiente de satisfacción de dos sentencias favorables, que no estuvo exento de cierta euforia, no dejó de planear la amenaza de un posible expediente de regulación de empleo, como reacción de la firma ante el revés recibido. Los representantes sindicales recordaron que esta posibilidad no es nueva y fue uno de los argumentos esgrimidos con más frecuencia por Ingemarga en los últimos años. Sin ir más lejos la posibilidad la pusieron sobre la mesa en la negociación del incremento salarial de las horas de domingos y festivos, en los que, según recordó Carlos García, de UGT, amenazó con un expediente que afectaría a 42 trabajadores, en caso de que no firmaran la propuesta, que estará en vigor hasta el 2012
Nuevo recursos
Según pusieron de manifiesto los sindicatos, la empresa a raíz de las sentencias debe a los trabajadores sobre 450.000 euros correspondientes a salarios de tramitación (el dinero que dejaron de percibir desde el despido hasta ahora, que incluyen la Seguridad Social) y las indemnizaciones correspondientes a los 30 despedidos, que supondría, según señalaron, un millón de euros.
El representante de la CIG, Antonio Niño, anunció que esta organización recurrirá de nuevo ante el Tribunal Superior de Xustiza, en este caso contra la sentencia que desestima el conflicto colectivo presentado por la imposición del trabajo en la sección de sierras durante los fines de semana.
El origen del conflicto se arrastra desde finales del pasado año cuando los representantes de la plantilla intentaron negociar una subida por el trabajo durante los fines de semana.
En el acto intervinieron el responsable en Lugo del sindicato de construcción, Carlos García; Antonio Niño, su homónimo en la CIG; el responsable de MCA-UGT en Galicia, Manuel García; el letrado de la CIG, Xermán Vázquez (Teresa Souto, la de UGT estaba en los juzgados) y los dos miembros del comité despedidos, Enrique Iglesias y Manuel Ferreiro. El representante de la CIG, Antonio Niño, destacó que las sentencias eran «un exemplo para a sociedade e para a clase traballadora» e hizo mención a lo que definió como «zancadillas» y aludió directamente al fiscal de Lugo, de quien dijo «atreveuse a pedir a procedencia dos despidos».
Pullas
Manuel García puso de manifiesto que el de Ingemarga «é o primeiro caso en Galicia dunha empresa que ten maniatadas as autoridades laborais e políticas» e insistió en que el equipo asesor de la empresa vasca «debe estar orgulloso das súas malas artes», en referencia a los letrados del despacho de Sagardoy contratados por Ingemarga para llevar ambos casos. Coincidió con el letrado de la CIG en reclamar la dimisión de los delegados de USO que, según recordaron, declararon en los juicios a favor de la empresa. Los que instaron a pedir disculpas a la plantilla por esta actuación.
El asesor jurídico de la CIG hizo un repaso de las sentencias, desde el punto de vista jurídico e insistió en que ambas recogían que no hubo mala fe por parte de los trabajadores cuando faltaron a sus puestos los fines de semana. Recordó que hace alusión a que preavisaron a la empresa para que tomara medidas si lo creía conveniente y que cuando la plantilla actuó así fue porque creían que tenían razón.