Nadie se lo había pedido todavía, pero por si acaso Joaquín González aclaró ayer que ni se le pasa por la cabeza presentar su dimisión como alcalde de O Saviñao, a pesar de la investigación abierta por el Tribunal de Cuentas sobre las desordenadas finanzas de este Ayuntamiento. Lo hizo en el pleno que le había pedido la oposición después de que trascendiese que la juez que instruye el caso considera que hay un desajuste contable de 80.000 euros por el que pide responsabilidades personales al propio alcalde, a su primer teniente de alcalde y a un funcionario.
En el pleno, que se desarrolló a primera hora de la mañana y sin apenas nadie entre el público, el alcalde reiteró las explicaciones que, poco más o menos, ya había ido dando en los medios de comunicación desde que se conoció la noticia. Joaquín González no niega haber incurrido en errores de procedimiento, pero insiste en que nadie se quedó con estos 80.000 euros, gastados según él en la reforma del cuartel de Currelos, en la financiación de las fiestas de Escairón, en dietas perfectamente legales y en los viajes que se sortean en la fiesta de la tercera edad.
Nadie lo avisó
Y si hubo errores fue porque él como alcalde no está obligado a tener conocimientos avanzados de contabilidad o de procedimiento administrativo. «Se fose preciso isto, para presentarse a unhas eleccións habería que ser licenciados en dereito», afirma. En resumen, dijo, él gestionó igual que los alcaldes que lo precedieron en el cargo. Lo que falló, asegura, es el asesoramiento por parte de los funcionarios que debían haberlo avisado. «Ningún técnico me advertíu de que o que se estaba facendo non era correcto», en el bienio 2002-2003, el periodo fiscalizado por el Consello de Contas en una investigación que posteriormente ha servido de base para las actuaciones del Tribunal de Cuentas.
Joaquín González asegura que después de aquel primer informe del Consello de Contas, un retrato demoledor que revelaba más de una veintena de irregularidades en la gestión administrativa y económica del día a día en el Ayuntamiento, el gobierno municipal reaccionó y cambió su manera de actuar. Entre otras cosas, cedió la recaudación ejecutiva de impuestos a la Diputación, empezó a pedir facturas justificativas a los receptores de subvenciones para asociaciones o para organizar fiestas populares.
¿Pero si cambiaron los procedimientos, por qué el Tribunal de Cuentas sigue hablando de un descubierto de 80.000 euros? La tesis del gobierno local, en la que ayer insistió también el teniente de alcalde, Juan Carlos Armesto, es que la instructora del caso no ha revisado bien toda la documentación que le han enviado. Él y el alcalde consideran que todos los gastos, también los que suman esos 80.000 euros, están suficientemente justificados. Así lo explican en un recurso presentado hace semanas que el Tribunal de Cuentas aún no ha respondido.