Bruselas estudia poner límites a las nuevas plantaciones dentro del ámbito de las denominaciones de origen
16 dic 2012 . Actualizado a las 07:00 h.El actual sistema de derechos de plantación de viñedo, que permite la regulación de las superficies cultivadas, se mantendrá con toda probabilidad en la Ribeira Sacra. Todo apunta a que la liberalización a ultranza que pretendía llevar a cabo la Comisión Europea antes del 2018 no tendrá el alcance que se barajaba en un principio. El grupo de alto nivel que trabaja en la elaboración de la propuesta definitiva se inclina por una solución intermedia que dejaría en manos de las denominaciones de origen la ampliación o no del viñedo en su ámbito geográfico. De este modo, las plantaciones sin compra previa de derechos solo serían viables fuera de las zonas amparadas por los consejos reguladores.
En vísperas de la última reunión del grupo de alto nivel que trabaja en la propuesta de liberalización de derechos de viñedo, celebrada el pasado viernes, la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas y los sindicatos Asaja, Coag y Upa suscribieron un comunicado en el que expresan su preocupación por el impacto que tendría esta medida. No solo supondría, desde su punto de vista, una «pérdida patrimonial para los viticultores», sino también un factor de desequilibrio «entre la oferta y la demanda de vino» de consecuencias «irremediables».
Valor añadido
«O sistema actual de dereitos ampara o valor engadido de moitas xeracións de viticultores, algo que non se pode votar por terra de boas a primeiras», dice el presidente de Ribeira Sacra, José Manuel Rodríguez, miembro de la directiva de la Conferencia Española de Consejos Reguladores. A su juicio, todavía es posible una solución «intermedia» entre la posición de los consejos y la de los grandes grupos partidarios de la liberalización a ultranza. «Dende logo, nós imos pedir o máximo na protección do actual sistema de funcionamento das denominacións de orixe», apunta Rodríguez.
En la última reunión del grupo de alto nivel, que preside el director general de Agricultura de la Comisión Europea, el chantadino José Manuel Silva, se lanzó un primer guiño a los consejos reguladores, que sin embrago ven insuficiente la respuesta de Bruselas a sus demandas. El documento de trabaja propone ahora un máximo de nuevos derechos de plantación que las regiones podrían recortar si así se aconseja desde las denominación de origen.