La investigación sobre el contrato confirma que es exigible legalmente
12 feb 2015 . Actualizado a las 14:31 h.Mucha polémica y pocas conclusiones. Hasta la fecha, la comisión sobre Aqualia solo ha alimentado la controversia política. Nazario Pin la aprovechó para ajustar cuentas con el actual alcalde por las movilizaciones tras la firma del contrato del agua, en el año 2001. La comparecencia del antiguo portavoz de la plataforma ciudadana, solicitada por la oposición, también se movió en esa línea. Más allá de las descalificaciones, diez meses de reuniones dejan un escaso bagaje práctico. Un día sí y otro también, BNG y PP se culpan mutuamente del incumplimiento de las inversiones prometidas por la empresa. En la última comisión, sin embargo, quedó algo claro: la deuda pendiente de Aqualia todavía es recuperable.
No es un reto que se plantee el alcalde a estas alturas de mandato el alcalde. Severino Rodríguez dice que ahora toca esperar por las conclusiones de la comisión de investigación, que en el mejor de los casos llegarán en la antesala de las elecciones municipales. Será el futuro equipo de gobierno el que deba lidiar con la deuda millonaria de Aqualia, que según quedó de manifiesto en la última comisión de investigación aún se puede reclamar.
En la reunión celebrada el pasado lunes comparecieron la ex interventora Ana Isabel Candamio y la funcionaria que ocupa ahora esa responsabilidad, Margarita Rodríguez Sobrino. Ninguna tuvo relación directa con la resolución del concurso, por lo que el portavoz del PSOE optó por preguntar «en clave de futuro» a la actual interventora. Según sus respuesta, el Ayuntamiento puede exigir legalmente las inversiones comprometidas por Aqualia, con la salvedad de las cantidades que se puedan imputar a su oferta. Serían en torno a 100.000 euros, aportados para la obra de la calle Chantada, frente a un total de 4,5 millones.
El desequilibrio económico del servicio amenaza con pasar factura al Ayuntamiento
«Fóra do canon que xa foi ingresado no seu día, as inversións recollidas na oferta pódense recuperar», subraya José Tomé. Tras diez meses de intercambios de reproches, en la última comisión de investigación del contrato del agua se planteó por vez primera esta cuestión. Y los técnicos entienden que el Ayuntamiento está legitimado para iniciar un procedimiento encaminado a hacer efectivas las mejoras comprometidas a cambio de la concesión. Sumaban 4,5 millones de euros y entre ellas estaría desde la puesta en marcha del famoso parque acuático hasta la construcción de un mirador en los depósitos de San Vicente.
En la última comisión de investigación también quedó claro, no obstante, que el descontrol relativo a la concesión también puede pasarle factura el Ayuntamiento. «Hai pouca información dan consecuencias económicas que pode traer para o Concello o desequilibrio económico da concesión», señala la portavoz del PP, Julia Rodríguez.
Ausencia de mejoras
La representantes del equipo de gobierno, María Xosé Vega, tampoco las tiene todas consigo, pero dirige las críticas a la etapa del PP. «Parte do desequilibrio do que fala a súa voceira ten que ver co estado lamentable da rede. A empresa tamén podería preguntar porque o Concello non investiu na súa mellora o canon que depositou no seu día», dice la teniente de alcalde.