El abogado de la interventora municipal sopesa presentar un recurso, pero admite que será difícil que prospere
12 ene 2019 . Actualizado a las 18:11 h.La sentencia que absuelve de acoso laboral y prevaricación al alcalde de Palas y a los concejales de su equipo de gobierno «crea un espacio de impunidad» en la relación de los cargos públicos municipales con secretarios e interventores. Es lo que cree el abogado que representó durante este procedimiento legal a la secretaria del Ayuntamiento de Palas, la denunciante del caso. Entre los dos decidirán la semana que viene si presentan recurso.
El abogado, Rafael Arangüena, asegura estar sorprendido por la sentencia del Tribunal Supremo, que enmienda la plana en términos muy contundentes a la que emitió el año pasado la Audiencia de Lugo. Aquel fallo condenaba a quince meses de cárcel y nueve años de inhabilitación al alcalde de Palas, Pablo Taboada, pero en su revisión del caso el Supremo sostiene que no hay ninguna prueba para condenar por acoso laboral o por prevaricación ni a Pablo Taboada, ni a su antecesor Fernando Pensado, ni tampoco a los otros concejales y funcionarios también procesados.
Arangüena cree que el criterio empleado por los jueces que firman esta segunda sentencia es «disparatado». A su juicio, los jueces del Supremo «han valorado las cosas de una manera absolutamente diferente a la Audiencia de Lugo, obviando casi toda la prueba que era incriminatoria para acogerse a aquello que les permitía concluir una absolución».
Este abogado recalca que al tratarse de una sentencia del Supremo, la trascendencia para la gestión de los Ayuntamientos en toda España es muy importante. «Esta sentencia -augura- va a crear un montón de problemas en España entre los alcaldes y los secretarios e interventores, cuya función es fiscalizar la gestión municipal». En esa relación laboral que es complicada por definición, alega este abogado, estos funcionarios necesitan una tutela legal, «por supuesto por la vía del contencioso administrativo, pero también por la vía penal, y esto crea una laguna total, un vacío absoluto».
Ramón Arangüena y su representada, Celia González, mantendrán una reunión la semana que viene para estudiar en qué situación les deja esta sentencia y las posibles respuestas a adoptar. Desde el punto de vista legal la vía ordinaria ya está agotada y solo les quedaría un recurso ante el Tribunal Constitucional o ante la justicia europea.