La corporación califica de «insulto» las excusas de la empresa del agua
14 ago 2020 . Actualizado a las 05:00 h.El terreno de juego está acotado y tras el partido habrá un ganador y un derrotado. Así ilustra el alcalde, José Tomé, la situación en la que entra el pulso que mantienen desde hace diecisiete años el Ayuntamiento y la empresa concesionaria del servicio y agua y saneamiento. Están en juego 3,7 millones de euros, la cantidad que -según los cálculos municipales- debería haber invertido Aqualia desde la firma del contrato. A estas alturas, ya no sirven empates en forma de salidas pactadas. Los tribunales decidirán cuál de las dos partes tiene razón.
La corporación rechazó las alegaciones de Aqualia al requerimiento municipal para que salde una deuda de 3.718.000 euros en concepto de las inversiones que se había comprometido a realizar entre los años 2000 y 2003 -los tres primeros de la concesión todavía vigente- y que nunca llegaron a concretarse. Al quedar desestimado el recurso administrativo, la empresa tiene dos opciones: pagar lo que se le reclama o acudir a la vía judicial. La notificación del contencioso todavía no llegó al Ayuntamiento, pero parece obvio que será un tribunal el que decida a quién asiste la razón.
La alegación de Aqualia fue desestimada en el último pleno. La empresa aportó un listado de obras realizadas en los últimos años que, desde su punto de vista, sumarían prácticamente el equivalente a la cantidad que le reclama desde hace tiempo el Ayuntamiento. El recurso fue definido por el concejal del BNG. Emilio Sánchez, como «un insulto á corporación». El alcalde, por su parte, también se mostró categórico con respecto a la argumentación de Aqualia. «Non sei se é un insulto á corporación ou a eles mesmos, porque quedaban mellor non presentándoa. Os seus argumentos caen por se mesmos», dijo Tomé.
El argumento municipal para rechazar el recurso parte de que Aqualia trata de saldar la deuda con obras de mantenimiento que nada tienen que ver con las inversiones que en su día se había comprometido a realizar a cambio de una concesión de veinticinco años de vigencia. Entre ellas figuraban desde un parque acuático a la instalación de una fuente cibernética. La que se instaló en el 2010 la Compañía, delante de la antigua sede de la oficina de turismo, fue costeada por el Ayuntamiento.
En mayo del 2018, el alcalde abrió la puerta a una salida negociada con la empresa a cambio del pago de una cantidad ligeramente inferior a la que ahora se le reclama. El Ayuntamiento le pedía 3,5 millones de euros y Aqualia parecía dispuesta a pagar 2,2 millones. Pero Tomé gobernaba entonces en minoría y no encontró apoyos en el pleno para sacar adelante un acuerdo que exigía el visto bueno de la corporación municipal.
Ya no habrá negociación
Si algo quedó claro en el último pleno -celebrado a finales del pasado mes de julio- es que el equipo de gobierno da por cerrada la vía de la negociación. «A partir de agora, vaise falar menos de Aqualia. Xa ten sobre a mesa as contas e ou inviste ou presenta un recurso. Alguén resolverá se a razón é deles ou do Concello, pero o tempo de falar acabouse», afirmó Tomé.
No será la primera vez que deban ser los tribunales los que resuelvan las diferencias con la concesionaria del agua. Hasta la fecha, el Ayuntamiento fue el que salió mejor parado en la resolución de los contenciosos. El pasado mes de junio, un juzgado condenó a Aqualia a abonar casi 170.000 euros por las obras de renovación de la red en la calle Corredoira. El fallo establecía que, tal como defendía el Ayuntamiento, la empresa estaba obligada a costear aquellas intervenciones relacionadas con a renovación de conducciones deterioradas o averiadas.