Declaran en el juzgado el veterinario y los policías que intervinieron en el caso de la perra «Alma»
LEMOS
El Partido Animalista-Pacma está personado como acusación particular en la causa
17 sep 2020 . Actualizado a las 19:26 h.El caso de la perra muerta a tiros a finales del año pasado en Chantada se reactiva, después de meses sin avances conocidos. El juzgado de Chantada acaba de avanzar un paso más en la investigación de este caso con la toma de declaración de los agentes de la Policía Local que acudieron al lugar en el que se produjo la agresión y del primer veterinario que atendió al animal.
Según la información facilitada por el Partido Animalista-Pacma, que está personado en la causa como acusación particular, el veterinario explicó ante el juez que la situación en la que encontró a la perra era muy grave y que el animal iba a morir en solo unos minutos si no llega a recibir asistencia. Este profesional explicó que trasladó a la perra a su clínica y le hizo una radiografía que reveló que había sufrido un disparo que le fracturó dos patas. La perra murió finalmente en la clínica veterinaria de la facultad de Lugo, a la que fue trasladada desde Chantada. El veterinario aseguró también que los cachorros que criaba la perra en un alpendre cercano habrían muerto sin ella de inanición si no llegan a recibir ayuda.
En cuanto a los policías locales, declararon que encontraron a la perra tendida en un camino y en muy malas condiciones con un disparo que parecía hecho a corta distancia.
La muerte de esta perra -bautizada como Alma por colectivos en defensa de los animales- en diciembre del año pasado provocó una ola de indignación alimentada por la difusión de un vídeo grabado por un testigo que recoge el momento en que el sospechoso de hacer el disparo mortal la arrastraba malherida por el suelo con una cuerda atada al cuello. Organizaciones como Pacma aprovecharon este suceso para reclamar el endurecimiento de las penas por maltrato animal. En la actualidad, la condena máxima por un hecho de estas características es de 18 meses de cárcel.
