Las multas por las cámaras de Monforte solo podrán anularse si están sin pagar

Luis Díaz
LUIS DÍAZ MONFORTE / LA VOZ

LEMOS

Cámaras de vigilancia a la entrada del tramo peatonal de la calle Cardenal
Cámaras de vigilancia a la entrada del tramo peatonal de la calle Cardenal CARLOS CORTÉS

El mes previo a la revisión de la ordenanza de tráfico aún hubo mil sanciones en la zona peatonal

27 feb 2024 . Actualizado a las 17:55 h.

El texto revisado de la ordenanza municipal de tráfico recibió aprobación definitiva en el último pleno. Las nuevas medidas que flexibilizan las condiciones para el acceso puntual de vehículos a las calles peatonales comenzarán a aplicarse en la práctica en cuanto el acuerdo sea publicado en el Boletín Oficial de la Provincia. A partir de ese momento, el abanico de posibilidades de sanción por parte de las cámaras de vigilancia se reducirá significativamente. La anulación de las multas con carácter retroactivo, por otro lado, solo será posible para las que no hayan sido abonadas cuando se publique en el BOP la nueva ordenanza.

Según el portavoz del gobierno municipal en este punto del orden del día, Iván Torres, el principio legal que avala la retroactividad de los cambios en una normativa si benefician al sancionado no se puede aplicar con carácter indiscriminado en este caso. Solo podrán invalidar multas anteriores a la entrada en vigor de la nueva ordenanza de tráfico quienes tengan el expediente abierto por no haber abonado todavía la sanción o por haber presentado alguna alegación. «Desde que la sanción está pagada ya no tiene validez la retroactividad», señala Torres.

El PP prevé reclamaciones

La anulación con carácter retroactivo de las multas desde la puesta en funcionamiento de las cámaras que vigilan los accesos a la zona peatonal figuraba en una de las alegaciones a la ordenanza presentadas por el PP. Un informe del secretario, que sirvió de base para desestimarla, concluye que está fuera de lugar incluir este apartado en los cambios porque ya es un principio reconocido por la legislación general. Los populares avanzaron en una rueda de prensa celebrada días antes del pleno que ese informe jurídico avalaría la viabilidad de su petición. La portavoz de este partido, Katy Varela, agradece ahora la aclaración del equipo de gobierno sobre el alcance de la retroactividad, pero advierte de que tendrán que explicárselo también «a quienes presenten alegaciones aunque su expediente esté cerrado».

El PP sostiene que en este asunto le mueve la defensa de los intereses de los vecinos y no utilizar la ordenanza —y en particular el aluvión de multas que motivó la puesta en marcha de las cámaras de vigilancia— como un elemento «de crispación». En el equipo de gobierno no comparten esa argumentación. «No está bien meterle a la gente en la cabeza que se les va aplicar algo sabiendo que no es posible», objeta Torres. Si el Ayuntamiento anulase multas de tráfico ya pagadas —sostiene— «estaría cometiendo un delito, porque la administración solo puede hacer lo que la ley le permite».

Las cámaras de vigilancia ubicadas en los accesos a la zona peatonal comenzaron a funcionar el pasado mes de octubre y en los dos primeros meses de actividad se tramitaron 2.458 multas por infracciones a la ordenanza municipal de tráfico que ahora se modifica. El número de sanciones se ha ido reduciendo desde entonces, pero tampoco de forma apreciable. Según trascendió en el último pleno, el pasado mes de enero se contabilizaron en torno a mil. El importe en la mayor parte de los casos es de 200 euros, que se rebajan a 100 euros si el pago se produce dentro del plazo voluntario.

Por anotarse un tanto

El alcalde, José Tomé, avanza que a partir de ahora dará a conocer personalmente antes de los plenos los informes de este tipo a la opinión pública para evitar interpretaciones «torticeras». Según su criterio, el PP buscaba «anotarse un tanto» y si lo ha conseguido es solo entre «cinco ou seis dos seus seguidores».

La alegación sobre los efectos retroactivos de la revisión de la ordenanza no fue la única que formularon los populares. También reclamaban ampliar la franja horaria del acceso de vehículos para residentes y comerciantes, y que se habilitase una aplicación de móvil para validar entradas ocasionales a particulares y transportistas. El equipo de gobierno argumentó que acceder a estas peticiones sería dar marcha atrás en la peatonalización del casco histórico. «Non podemos deixar pasar vinte coches polo Cardeal á hora das terrazas. Non queremos causarlle problemas á xente. Politicamente non nos interesa, cae de caixón. Trátase de regular algo que era necesario, non de prexudicar a ninguén», dice Tomé.

La denegación de vados en las calles del casco viejo solo afecta a dos solicitantes

Desde el año 2016, cuando se dejaron de conceder este tipo de autorizaciones, solo dos residentes en la zona peatonal del casco histórico de Monforte trataron sin éxito de obtener un vado municipal en sus viviendas. El dato sobre el número de peticiones presentadas lo aportó el alcalde en el último pleno instancias del concejal de Esperta Monforte, Germán Vázquez, que se felicita por el hecho de que por fin haya quedado claro cuáles son las multas que se pueden anular. «Todo o mundo nos está preguntando por ese tema», apunta.

La nueva ordenanza municipal de tráfico fue aprobada, junto con la desestimación de las alegaciones del PP, con los votos a favor del equipo de gobierno y del BNG. Por parte de los nacionalistas, Emilio Sánchez aludió a la complejidad de alcanzar una ordenanza del gusto de todos y dijo que el gran error fue activar las cámaras sin haber ajustado antes la ordenanza a su funcionamiento. Aunque considera que la flexibilización que pedía el PP era excesiva, cree que algunos aspectos podrían haberse mejorado. «Non pasaba nada por esperar un mes máis para aprobala coa unanimidade que sería desexable», afirma.

Un elemento no previsto

Las alegaciones del PP fueron rechazadas a partir de un informe realizado por la Policía Local que concluye que la supresión de limitaciones horarias para los vehículos de reparto, o la eliminación del límite de matrículas autorizadas para los residentes que carezcan de vehículo propio, incrementan los riesgos de atropellos en zonas donde la circulación rodada «constitúe un elemento non previsto».