Paralizan en Monforte la contratación de las obras para urbanizar los 3.274 metros de la zona D
MONFORTE DE LEMOS
El proyecto deberá revisarse para poder conectar los servicios en la calle Cardenal
05 feb 2025 . Actualizado a las 17:47 h.El Ayuntamiento de Monforte tiene que dar marcha atrás momentáneamente en su primer intento de contratar la urbanización de la zona D, la céntrica bolsa de suelo que está sin desarrollar en la parte trasera del edificio donde tiene su sede el BBVA. Este martes se hizo pública, a través de la plataforma de contratación del sector público, la cancelación del concurso publicado el pasado 26 de diciembre para proceder a la adjudicación de las obras. El motivo es que se obvió la conexión de las redes de servicios en una franja colindante con la calle Cardenal. La contratación queda en suspenso hasta que sea revisado el proyecto.
La plataforma de contratación informa del «desestimiento» del concurso, renuncia a la que pueden acogerse las administraciones «por razones de interés público debidamente justificadas e el expediente». En estos supuestos, según recoge la normativa, «no podrá promoverse una nueva licitación en tanto subsistan las razones alegadas para fundamentar la decisión». El expediente municipal detalla que la anulación se produce después de que el redactor del proyecto comprobase «que xurdiron necesidades nesta actuación que fan necesario contemplar novas actuacións».
Previo a la adjudicación
«Ante a inexistencia de terceiros afectados —prosigue el expediente—, e xa que non se procedeu á adxudicación do contrato, procede por razón de interese público, e en aras aos principios de economía e celeridade, o desestimento do procedemento de adxudicación». En caso de haberse producido perjuicios económicos, y con arreglo a la ley de contratos del sector público, correspondería al Ayuntamiento compensar esos gastos.
El gobierno local fue advertido el pasado 27 de enero por el redactor del proyecto de la existencia de las «nuevas necesidades» que aconsejan anular la licitación inicial. El técnico detalla en su informe que, para que las redes de servicios previstas puedan entrar en funcionamiento, «se hará necesario haber ejecutado la urbanización de la fracción de terreno existentes entre la zona D y la calle Cardenal». «Sin que esto suceda —añade el autor del proyecto— las redes que resulten de la ejecución de este proyecto permanecerán desconectadas de otras y no podrán funcionar».
El precio de licitación de las obras para urbanizar la zona D, aprobadas hace más de veinte años, fue fijado en el concurso ahora en suspenso en 324.910 euros. La reforma contempla el desarrollo de los 3.274 metros comprendidos entre el paseo fluvial, el muro del Parque dos Condes y las traseras de las edificaciones más próximas de la avenida de Galicia y la calle Cardenal. Al igual que en la zona C, de entrada el sistema de ejecución dejaba en manos de los propios vecinos capacidad de activar la reparcelación. Para desbloquear el proyecto, el actual equipo de gobierno echó mano de una fórmula prevista en la Lei do Solo que le faculta a ser el promotor y repartir luego cargas y beneficios entre los titulares del suelo.
Cuando se haya completado la urbanización, por la actual entrada a los garajes del edificio del BBVA discurrirá una calle peatonal, sin aceras y con piso de baldosa de granito, que desembocará al fondo en una rotonda próxima al cierre que separa la finca del paseo fluvial. La construcción del vial, de uso exclusivo para residentes y vehículos autorizados, traerá consigo la supresión del muro de la antigua finca de los Escolapios y de la pérgola que lo flanquea, en la que se instalaban puestos del desaparecido mercadillo.
Distinta edificación
La actuación proyectada se llevará a cabo sobre 1.932 metros de suelo privado y otros 1.342 de terreno público de la zona verde colindante, que se aporta para dar a la nueva calle la anchura prevista. Según sostiene el Ayuntamiento, los propietarios del edificio del BBVA estaban obligados a abrirla cuando en 1969 se les concedió licencia de obra municipal. El pliego de condiciones cifra en 1.183 metros, repartidos en tres parcelas, la superficie de suelo edificable. Una de estas fracciones, de titularidad municipal, se ajustará del lado del río a la alineación de la parte trasera del edificio del supermercado Dia, con una única altura. En la trasera del edificio del BBVA la edificabilidad será de bajo y tres alturas.
El Ayuntamiento defiende que el derribo del muro es compatible con el plan especial
El Ayuntamiento descarta revisar la decisión de derribar la parte del muro de la antigua finca de los Escolapios que se conserva en el lateral del Parque dos Condes afectado por la urbanización de la zona D. Así se lo hizo saber la junta de gobierno local a la Asociación Para a Defensa do Patrimonio Cultural Galego (Apatrigal), que había presentado un escrito en el que solicitaba que se reconsiderase esa decisión municipal.
Apatrigal argumentaba que el Colegio del Cardenal está catalogado por la Xunta como bien de interés cultural y que la Lei do Patrimonio Cultural «establece todas as cautelas e proteccións que un monumento debe ter para manter a súa integridade, esencia, trazabilidade histórica, e isto afecta a toda a parcela». En su alegación, por otro lado, advertía sobre la construcción del muro en piedra seca, una técnica que fue incluida por la Unesco en la lista del patrimonio inmaterial.
No está catalogado
Por su parte, el Ayuntamiento indica que, aunque el muro está en la zona del conjunto histórico-artístico sobre la que tiene competencia el plan especial de protección, no aparece recogido en la normativa vigente como elemento catalogado. «O proxecto non se sitúa na parcela dos Escolapios, senón nuns terreos contiguos afectando unha mínima parte á parcela do hoxe Parque dos Condes, cuxo uso xa é totalmente alleo ao principal do edificio do colexio», recoge el escrito de la junta de gobierno.
Los responsables municipales señalan que la actuación proyectada en la zona D es compatible con el plan especial y que en el Ayuntamiento consta una resolución de la directora xeral de Patrimonio por la que se autoriza el proyecto de control arqueológico para la urbanización.