Las dos asociaciones mayoritarias de empresas de transporte de mercancías por carretera, Tradime y Aetram, unieron sus esfuerzos para reclamar un incremento de las tarifas en un 30% , con la finalidad de poder hacer frente a la subida de los precios del gasóleo y el IPC. Los transportistas llevan meses diciendo que se encuentran con el agua al cuello porque las empresas cargadoras no actualizan los precios desde hace tiempo, algunas de ellas desde hace más de cinco años.
En el ambiente pesa también la convocatoria de paro indefinido, a partir del uno de enero, realizada por la Plataforma para la Defensa del Transporte de Mercancías por Carretera, Nacional e Internacional, los escindidos de Aetram. Será efectivo en caso de que antes de esa fecha no exista un compromiso por parte de las cargadoras de incrementar el precio, según advierten en su página web.
Convocatoria de paro
La plataforma que preside Manuel Núñez dio como plazo tope el 26 de enero para que las cargadoras incrementen los precios, según señala el observatorio de costes del Ministerio de Fomento. Actualmente están estipulados en 1,125 euros por kilómetro cargado, para vehículo articulado de carga general y de 1,159 euros para vehículo frigorífico articulado.
TantoTradime como Aetram, integradas respectivamente en Fegatramer y en Fetram (ambas constituyen el comité galego de transporte) hicieron llegar una serie de recomendaciones a sus asociados para que reclamen ante las empresas cargadoras el incremento de las tarifas y tratar de buscar una salida sin crear conflictividad.
Ambas patronales recomiendan a sus asociados que acudan a la negociación con las empresas cargadoras con un estudio de costes, en el que figurarán expresamente los derivados del incremento del precio del gasóleo (16,69%); el aumento de los gastos laborales como consecuencia de la aplicación de la normativa de los tiempos de conducción y de descansos, a los que tienen que sumar la inflación.
Recomendaciones
Las asociaciones aconsejan a sus asociados que, para garantizar la supervivencia del sector, deben de negarse a trabajar con aquellas cargadoras que ofrezcan unos precios que no cubran costes, como está ocurriendo desde hace tiempo. Tradime lo acordó en una asamblea anterior a que finalizara el año, que presidió Carmen Castelao. Esta es la parte que parece más difícil de cumplir.
Las organizaciones van más allá y animan a sus asociados a que cuando les ofrezcan un precio menor al que cubra costes insten a la empresa cargadora a que adquieran sus propias flotas para realizar los servicios, asumiendo la normativa del sector. Esta sugerencia deben de realizarla junto con la advertencia de que estarán vigilantes para comprobar que no propician la competencia desleal o realizan prácticas irregulares, como la manipulación de aparatos de control o el impago de impuestos y cuotas de las seguridad social.
Las medidas que proponen las asociaciones se complementan con la negativa a que los conductores participen en las tareas de carga y descarga, tiempos que recuerdan deben de reservarse para las rutas.
Dos años después del paro patronal del transporte en Galicia la situación vuelve a ser similar y muchas de las reivindicaciones que se plantearon entonces siguen sin estar satisfechas.