El alcalde, José López Orozco, evita hacer comentarios y la oposición municipal (PP y BNG) se mantiene en la prudencia con la que viene abordando el asunto. Después de conocer que el concejal de Protección da Comunidade, José Rábade, seguirá como imputado en el caso de las multas de tráfico, las reacciones en el campo político han sido escasas. El abogado de Rábade, por su parte, difundió un comunicado para puntualizar algunos aspectos informativos. El sindicato CSIF también hizo pública su posición.
El abogado Francisco Xosé Fernández Montes, representante legal del concejal José Rábade, difundió un comunicado en el que, entre otras cosas, señala: «É falso que don José Rábade Arias admitise que o ex xefe de Tráfico de Lugo lle quitara algunha multa ou sanción. Elo resulta de todo imposible xa que ningunha sanción nin multa lle foi imposta que non aboara». Añade: «O que o señor Rábade admitiu foi unicamente que no seu día axentes da Garda Civil de Tráfico lle puxeron unha denuncia por ir falando polo teléfono móbil».
En el mismo comunicado se asegura que en la declaración efectuada ante la jueza del Juzgado de Instrucción número de Lugo «foi a propia xuíza a que lle comunica ao señor Rábade que a referida denuncia rematou en sobreseimento na Xefatura Provincial de Tráfico por aplicación á mesma do artigo 11 do Real Decreto Lexislativo 339/1990, e artigo 18.2 do Real Decreto 1428/2003 de 21 de novembro; desta cuestión o señor Rábade tivo coñecemento nese momento». Agrega el abogado Fernández Montes: «Tanto a tramitación como a aplicación dos referidos preceptos -sen prexuízo das opinións diverxentes, moi respectables- son perfectamente aplicables ao caso que nos ocupa». Concluye que «calquera outra interpretación é allea ao que o señor Rábade manifestou».
Orozco, en silencio
El alcalde, José López Orozco, dedicó parte de la mañana de ayer a visitar las actividades que se desarrollaban en el parque infantil de tráfico, y a la entrega de los premios del concurso. Allí se le preguntó su opinión sobre la situación del edil Rábade tras su declaración en el juzgado. Orozco no quiso hacer comentarios y siguió saludando a niños y padres en el parque infantil de tráfico.
El portavoz municipal del Partido Popular, el ex alcalde Joaquín García Díez, se mostró sorprendido por la argumentación sobre la posible exención del edil Rábade de una sanción de tráfico acogiéndose a las previsiones legales establecidas para los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Tan sorprendido, que indicó que mientras no tenga la seguridad de que fue así no lo tomará como algo confirmado. En todo caso, apuntó que de ser así, un concejal de tráfico no es un agente de la autoridad. «En caso de una denuncia de tráfico, un político, en un ejercicio de responsabilidad pública, lo primero que tiene que hacer es pagar la sanción».
Por su lado, el nacionalista Xosé Anxo Lage, señaló que mientras este asunto no esté cerrado en el campo judicial prefiere no emitir opiniones. Será al final cuando llegue el momento de exigir responsabilidades, si las hubiese.
El sindicado CSIF, por su parte, difundió un comunicado en el que opina que la exención de la prohibición de hablar por el móvil mientras se conduce está claramente recogida en la ley que dice que «se aplicará exclusivamente a los agentes de la autoridad en el ejercicio de las funciones que tengan encomendadas». Añade el sindicato que «en ningún caso la legislación hace alusión a las personas relacionadas con los servicios de emergencias».
Plazo
CSIF señala que si el edil Rábade «realmente tuviera la intención de recurrir dicha multa tendría un plazo de 15 días, a partir del día en que fue denunciado, para hacerlo». El mismo sindicato se pregunta cómo pudo saber el entonces jefe provincial de Tráfico de la existencia de dicha denuncia.
CSIF dice una vez más que José Rábade debe dimitir como concejal de Protección da Comunidade; en caso contrario, reclama del alcalde que cese al citado delegado como responsable de la Policía Local.