La extracción de cuarzo en la comarca de Terra Chá, uno de los asuntos que generó más controversia y levantó más polémica en los últimos años, sigue aún pendiente de procedimientos administrativos y judiciales. Los pasos dados por la empresa Erimsa, titular de las concesiones, y por las instituciones públicas implicadas, ayuntamientos y Xunta- han avanzado en el aspecto administrativo, pero sin llegar al final; pero también han entrado en cuestiones judiciales.
Según fuentes consultadas ayer, la empresa presentó hace varios meses un proyecto de explotación en los cuatro municipios en los que prevé extraer cuarzo -Cospeito, Castro de Rei, A Pastoriza y Abadín-. El proyecto, una vez examinado y sometido a exposición pública, fue enviado a la Xunta, ya que a la administración autonómica le corresponde emitir opiniones vinculantes desde el punto de vista urbanístico.
Mientras tanto, la empresa entabló sendos contenciosos contra los concellos ante los que presentó un primer proyecto en el 2007. De acuerdo con las fuentes consultadas, a ese proyecto no se le dio respuesta, lo que movió a Erimsa a considerar que se la había concedido la licencia por silencio administrativo. Entonces los ayuntamientos sí mostraron su opinión, advirtiendo de que la licencia no estaba concedida y motivando un siguiente paso que consistió en el mencionado contencioso.
De todos modos, no es ese el único frente judicial que se abrió por el proyecto de extracción de cuarzo, ya que se han presentado recursos de asociaciones y de concellos -18 en total, según fuentes consultadas ayer-. La solicitud de explotación de la empresa se encontró, a finales del año pasado y a principios de este, con una oposición vecinal que se reflejó en la presentación de alegaciones al proyecto: solo en Cospeito, en un solo día de enero, se presentaron 300.
Suelo de protección
Esa iniciativa estuvo encabezada por el Sindicato Labrego Galego (SLG), que organizó ayer, en Muimenta, una jornada informativa sobre el asunto. La responsable comarcal de la organización, Margarida Prieto, explicó ayer que la intención de la sesión era precisamente la de seguir dando información a los vecinos sobre un asunto que hoy, casi tres años después del comienzo de los trámites y de las protestas, sigue pendiente.
Uno de los propósitos buscados por el SLG con las alegaciones era demostrar que el suelo afectado debía de ser de protección agropecuaria.