Siguen las imputaciones en el caso Carioca. La jueza Pilar de Lara Cifuentes citó para el próximo viernes al arquitecto lugués Manuel Martínez. Tendrá que declarar en calidad de imputado en sede judicial.
No ha trascendido qué hechos le atribuyen a este profesional, si bien algunas fuentes explicaron que nada tienen que ver con su trabajo sino que se derivan de la relación que pudo haber tenido con alguna mujer que, supuestamente, estaría relacionada de alguna manera con alguno de los establecimientos nocturnos que fueron cerrados por orden judicial.
El arquitecto fue investigado en su momento por parte de los miembros que integran el equipo que dirige Pilar de Lara. Éstos parece que llegaron a manejar en algunos momentos fotografías del profesional para que pudieran ser vistas por parte de algunas mujeres. Varias de ellas lo reconocieron.
En fase política
Después de las imputaciones efectuadas a policías de la comisaría lucense y también a un guardia civil, parece que la jueza instructora podría encaminarse ahora hacia una nueva fase dentro de la macroinvestigación. Algunas fuentes la bautizaron como la etapa política porque pondría al descubierto la participación de algunos cargos en algunas actividades promovidas por integrantes de la trama de los burdeles.
En este sentido, diversas fuentes apuntaron que se había hecho un seguimiento para obtener información de otros hechos a mayores de la intervención de fiestas privadas o del paso por los burdeles. En concreto las pesquisas se dirigieron en su momento a tratar de determinar si algún cargo político tenía algo que ver, directa o indirectamente, con alguno de los establecimientos nocturnos en los que fueron explotadas centenares de mujeres que trabajaban prácticamente de sol a sol, muchas veces bajo amenazas de que podían ser expulsadas del país.
Los propietarios y encargados de los establecimientos presumían de que tenían de su parte a la policía y a la Guardia Civil y que podían conseguir, en cualquier momento, tanto ordenes de expulsión como todo lo contrario, es decir que cualquier mujer, si se portaba bien, pudiera obtener los papeles de residencia. Bastaba con enviarla a algún abogado que, supuestamente, tramitaba las cuestiones burocráticas. En ocasiones parece que algunas empleadas de los clubes fueron empleadas en una empresa fantasma creada por José Manuel García Adán, para poder presentar un contrato de trabajo en algunas de las oficinas de extranjería que fueron investigadas a fondo por parte del equipo que trabaja para la jueza Pilar de Lara.