Los matices defendidos por unos y otros impidieron ayer a los tres grupos de la corporación acordar una postura común sobre el futuro del hospital San Rafael, que próximamente dejará de prestar la función asistencial y rehabilitadora para enfermos mentales que lleva décadas asociada al edificio, ubicado en Castro de Ribeiras de Lea.
El PSOE defendió una moción en la que se instaba a la Xunta a sumarse al apoyo para lograr el mantenimiento de la actividad de las instalaciones, aunque con un nuevo contenido. Valiño recordó que la Fundación de daño cerebral (Fudace) había mostrado su predisposición a utilizar el edificio para ampliar la atención que ahora presta en esta misma localidad. Sus instalaciones solo distan unos centenares de metros de las del hospital, con la carretera LU-113 (Rozas-Abadín) por medio. El portavoz socialista subrayó que la mencionada esa entidad había plasmado su interés pidiendo una subvención al amparo de la Ley de Economía Sostenible, que la Diputación había expresado su voluntad de colaborar y que la Xunta podía intervenir, por ejemplo, concertando plazas con dicha fundación.
Valiño también recordó que el PP había prometido, antes de las elecciones autonómicas del 2009, la continuidad del hospital San Rafael, y lo acusó de haber variado su postura. Las alusiones a los populares dieron pie al alcalde a pedir que se enmendase el texto del PSOE, proponiendo que la Diputación y la Xunta trabajasen juntas para buscar una solución. Balado recalcó que la Diputación era la titular del inmueble, lo que la obligaba a buscar soluciones a la situación actual.
Consecuencias negativas
Valiño advirtió de que el cierre de las instalaciones acarrearía una serie de consecuencias para el Concello: por ejemplo, manifestó que el cierre crearía un importante problema demográfico por la pérdida de más de 150 residentes, ya que los internos están censados en el municipio.
El alcalde, por su parte, recordó un acuerdo plenario de hace décadas (1949) según el cual los terrenos volverían a la titularidad municipal en caso de cese de la actividad, aunque también admitió la oportunidad de buscar una alternativa antes de esa situación. Tanto Valiño como el concejal del BNG, Jorge Balado, coincidieron en que el coste del mantenimiento sería completamente imposible de asumir para las arcas municipales.
«Cada un, polo seu lado»
El edil nacionalista defendió la necesidad de aunar esfuerzos para lograr un acuerdo, aunque también recalcó, en su primera intervención en este punto, que resultaba imprescindible la concreción de proyectos como alternativas reales, sin «fume».
No obstante, los grupos se mantuvieron inamovibles en sus criterios, y al final el PSOE votó a favor de su moción, el PP la rechazó y el BNG se abstuvo. «Cada un, polo seu lado», sentenció el edil del BNG tras la votación.