El urbanismo, también en Lugo, es materia de alto riesgo. No es de ahora, viene de muy atrás. Lo saben bien los pequeños propietarios atrapados en unidades de actuación o en polígonos solo aptos para ser desarrollados por unos pocos. También tiene, hoy como ayer, riesgo para los políticos con ideas propias acerca del papel social que debe desempeñar la ordenación territorial. El urbanismo, no solo en Lugo, es un inmejorable escaparate del modo de entender la acción política ejercida desde el poder. Así fue y así es ahora que Lugo está a punto de estrenar una gran parte de su Plan Xeral de Ordenación Municipal. Hoy, como en 1991 y antes en 1969, son muchos los lucenses que se enfrentan a los nuevos riesgos del urbanismo que viene; en realidad, todos corren el riesgo de que, al igual que los planes pasados, diseñe una ciudad poco vertebrada y con tendencia al desequilibrio.
El exconcejal socialista Víctor Pérez López de Gamarra se deja caer de tarde en tarde por Lugo, y observa escéptico qué se hizo de la ciudad en las últimas décadas. A finales de los años 80 del siglo pasado, Gamarra pilotaba la concejalía de Urbanismo y desde ella intentaba diseñar un plan general de ordenación urbana que diese pie a una ciudad moderna y cómoda. El inquieto socialista que era entonces Gamarra se enfrentó con decisión a los intereses políticos y económicos, tan unidos, que querían otra cosa. El edil, ya se sabe, perdió la batalla y poco después vio la luz el PGOU de 1991; Gamarra se fue a vivir a A Coruña. A día de hoy están aún vivas y pendientes de aplicación algunas sentencias judiciales a las que dieron pie determinaciones recogidas en aquel plan. Ahora que está a punto de entrar en vigor el nuevo planeamiento, las cosas no pintan mejor. Algunos colectivos han puesto bajo sospecha determinados aspectos del PXOM, que están sometidos a estudio en los juzgados. Quizá los variados pilotos políticos del nuevo planeamiento olvidaron en algún momento el consejo de Flaubert: «No le des al mundo armas contra ti mismo, porque las usará».
El urbanismo, sí, es una asunto de difícil gestión. Ocurre también con el patrimonio histórico. Para comprenderlo, no hay más que ver lo difícil que le resulta a la Xunta que la Muralla, declarada patrimonio de la humanidad, esté limpia de maleza y debidamente iluminada. No hay que descartar que la delegada territorial, Raquel Arias, sea capaz de convencer a Feijoo de que la Xunta debe prestar más atención al monumento. No hay que descartarlo, porque no está probado que ya lo haya intentado. Mientras, Feijoo y los suyos se lo ponen fácil al socialista Lino González Dopeso, que periódicamente hace balance del desarrollo de las hierbas que adornan la Muralla. En ella se sustancia el «movimiento inmóvil» de la Xunta, que ya dijo Umbral que «el inmovilismo es la tentación última y secreta de toda democracia» cuando tiende al presidencialismo. No es la Muralla, no, el único patrimonio histórico al que el poder autonómico mantiene en estado más que mejorable. El museo arqueológico de San Roque es otro ejemplo del «movimiento inmóvil» de la Xunta. Cerrado por unas pequeñas deficiencias en el edificio, lleva meses y meses fuera de servicio, con la inestimable colaboración del Concello de López Orozco y Antón Bao.
Lejos del inmovilismo, la jueza Estela San José aprieta el acelerador en la investigación de posibles anulaciones irregulares de sanciones en la Policía Local. Algunos agentes han efectuado declaraciones que pueden dar pie a que sean citados el alcalde y el exconcejal José Rábade, quizá también algún otro exedil. La política, ya se ve, es una actividad de riesgo. Y si se trata de urbanismo, aún más.