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Dice que no prevaricó y mantiene la imputación para los otros dos acusados para los que pide multas
28 ene 2015 . Actualizado a las 21:21 h.Cuatro meses después de haberle imputado y solicitado tres años de prisión y diez de inhabilitación en el marco de la operación Muralla, la fiscalía ha desimputado a Francisco Cacharro Pardo. Esta situación motivó que la Audiencia Provincial de Lugo dictase un auto decretando el sobreseimiento libre de las actuaciones. Quiere esto decir que no habrá nadie más que pueda investigarle con relación a una operación a la que el ministerio público le da carpetazo después de nueve años atravesando las más variopintas situaciones. La resolvería con el pago de sendas multas por un total de algo más de seis mil euros solo a los dos técnicos imputados. El teniente fiscal, responsable actual de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Lugo, considera que Francisco Cacharro no es autor de ningún delito de prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios o fraude a la Administración que el anterior fiscal jefe le atribuía. La operación Muralla supuso que el PP acabase arrinconado al que durante muchos años fue su presidente hasta el extremo de no contar contar con él, lo que motivó que tuviese que dejar vacante el sillón del organismo provincial que ocupó durante 24 años.
Cacharro ya no tendrá que ir al juicio que está convocado para la próxima semana en la Audiencia Provincial. La vista había sido programada inicialmente para mediados del pasado mes de septiembre, pero acabó siendo suspendida. En aquella ocasión, el que fuera responsable del organismo provincial comunicó que estaba enfermo e ingresado en un centro hospitalario.
Los otros dos acusados, José Manuel Romay López, ex jefe del Servicio de Vías y Obras de la Diputación y el ingeniero José Enrique Cacicedo Herrero, ambos vinculados a la empresa Senén Prieto Ingeniería, investigada en el marco de la controvertida operación, sí deberán acudir a la Audiencia si no llegan a un acuerdo de pena. El fiscal no les pide prisión sino el pago de una multa de 3.650 euros a cada uno de ellos. Algunas fuentes apuntan a que esa pena podría ser aceptada por los acusados.
La operación Muralla comenzó en mayo de 2006 con la entrada de Jesús Izaguirre, el que era responsable de la fiscalía lucense, en las dependencias de la Diputación Provincial para recabar documentación relativa a proyectos tramitados por el departamento de Vías y Obras.
Entendía el fiscal que se estaban produciendo multitud de irregularidades. Por un lado, proyectos que entendía que debían elaborar los técnicos del citado departamento eran desviados a una empresa privada que, de acuerdo con las investigaciones posteriores, estaba participada por algunas de las personas que finalmente acabaron imputadas. Esa adjudicación sería irregular, aunque Cacharro siempre sostuvo que no era así, que estaba facultado en base a la normativa de contratos que estaba en vigor.
Los investigadores que trabajaron en la operación entendieron que al menos un centenar de proyectos fueron tramitados de manera irregular, sin embargo el fiscal los establece en 36. La documentación manejada apuntaba a que habitualmente concurrían a las adjudicaciones las mismas personas pero el fiscal ahora explica que dada la pequeña cuantía, podría haberlos adjudicado incluso directamente y sin procedimiento negociado.
Otro de los aspectos puesto al descubierto en la operación Muralla fue la presunta adjudicación irregular de señales de las carreteras provinciales a la empresa a la que estaba vinculado un funcionario. También en este caso el asunto quedó sobreseído. El fiscal jefe Juan José Begué se centró en la redacción de proyectos.
Casi todos los decretos de adjudicación los firmaban los vicepresidentes
El fiscal basa la retirada de la acusación en el hecho de que Cacharro no cometió ningún tipo de delito porque tenía plenas facultades para adjudicar la redacción de los proyectos de manera directa y, sin embargo no lo hizo. Para llevar a cabo esa adjudicación directa sería suficiente la existencia del crédito correspondiente y la posterior factura. Optó, sin embargo, por el procedimiento negociado sin publicidad, que exige un ofrecimiento a tres candidatos.
El propio expresidente reconoció en sus declaraciones que optó por adjudicar al ingeniero imputado por la calidad de sus trabajos. Estos no precisaban añadido alguno o modificaciones que generarían retrasos en la obras ni tampoco gastos adicionales, ni bloquearían todavía más el servicio de Vías y Obras. En su momento Cacharro justificó que quienes redactaban los proyectos provinciales no daban abasto. Estaban saturados y por eso optó por desviarlos a un estudio privado. Sin embargo en el sumario aparecen documentos en los cuales algún funcionario se ofrecía a hacer los proyectos en su tiempo libre.
De acuerdo con algunas versiones, el fiscal considera que el hecho de que Cacharro y José Manuel Romay López, el que era jefe del servicio de Vías y Obras se conociesen no significa que ambos actuasen de acuerdo e impidiesen con ello que otros profesionales pudieran optar a la redacción de los proyectos de obras de la Diputación Provincial. Además, el teniente fiscal consideraría que por la adjudicación de dichos proyectos Francisco Cacharro no obtuvo beneficio económico de ningún tipo.
Hay otro aspecto al que aludió en su momento el expresidente provincial en las declaraciones que primero presentó como testigo y luego como imputado. No era él el único que firmaba los decretos de adjudicación. De ello también se ocupaban los vicepresidentes de la entidad.
En cuanto a los otros dos imputados en esta controvertida operación, el fiscal considera que serían autores de un delito continuado de negociaciones prohibidas a funcionarios. La Operación Muralla empezó inicialmente con una decena de detenidos e imputados.