Reclaman que el profesor que mató a la enfermera no controle a sus hijos

Xosé Carreira LUGO / LA VOZ

LUGO

El profesor, a la izquierda, uno de los días de celebración del juicio.
El profesor, a la izquierda, uno de los días de celebración del juicio. Óscar cela< / span>

Tiene la patria potestad de los menores desde que asesinó a su madre

11 abr 2015 . Actualizado a las 05:00 h.

El profesor lucense de Química, Juan Carlos Pernas conserva la patria potestad de sus dos hijos menores, después de haber asesinado a su esposa y madre de estos, la enfermera Montserrat Labrada. Por el hecho fue condenado a 21 años de cárcel, tras ser declarado culpable por parte de un tribunal popular que lo juzgó en el verano de 2013. El presidente del tribunal no admitió la solicitud de inhabilitación especial para ejercer el poder sobre sus hijos. La situación desde que el profesor está en la cárcel es la siguiente: los abuelos maternos tienen la guardia y custodia, pero cuando hay que tomar una decisión relevante con respecto a los mismos es el padre encarcelado quien tiene que dar el visto bueno o, en su caso una firma de autorización.

En el momento de la condena inicial de la Audiencia existía la imposibilidad legal de privar al padre de los menores de la patria potestad, informaron fuentes jurídicas. Cuando el TSXG ratificó la pena, se abría la posibilidad de acreditar que mantener ese estatus al profesor era muy perjudicial para los hijos y, por eso, el letrado que defiende los intereses de la familia de Montserrat Labrada reclamó por la vía civil la privación de la patria potestad.

Ayer tuvo lugar la vista para dirimir dicha cuestión. Fue ante la jueza Estela San José Asensio, la titular del Juzgado de Instrucción número 3, la misma que se encargó de la instrucción de la causa abierta tras la muerte de Montserrat Labrada. Es la misma magistrada la que en su día se puso al frente de un equipo policial para inspeccionar varios contenedores de la ciudad, en los que creían que el homicida podría haber tirado el arma del crimen y otras pruebas. Ese recorrido fue contrarreloj, antes de que los camiones de recogida pasaran a vaciar los recipientes. El abogado coruñés Platas que defiende los intereses de Juan Carlos Pernas se opuso a la admisión de dicha reclamación. El letrado lucense José Soto, que representa a los familiares de Montserrat Labrada mantuvo la necesidad de retirar ese poder que el padre tiene sobre sus hijos en unos momentos que considera vitales ya que les queda poco para cumplir la mayoría de edad y es ahora cuando están pendientes de decisiones relevantes, especialmente en cuestiones educativas. Tal y como está la situación, dependen de la decisión que adopte su padre.

José Soto, en sus conclusiones, advirtió que no pretendía ir en contra del profesor Juan Carlos Pernas, pero advirtió que era necesario pedir que le retiraran la patria potestad. «El objetivo -explicó- es el bienestar de los menores». Advirtió que si tenían que hacer una matrícula en una universidad o participar en un programa Erasmus quien tenía que firmar era el padre. El letrado considera que han de ser los abuelos que, desde el año 2010, tienen la «guarda de hecho», quienes puedan representar a sus nietos en decisiones relevantes o momentos clave que les afecten. Además, los hijos de Pernas apoyarían dicho planteamiento.

«El objetivo es el bienestar de los menores», dijo el letrado de la familia

Un informe de los psicólogos, considerado clave para resolver la situación

Un informe elaborado por psicólogos del Imelga parece ser clave para resolver la situación planteada. En el mismo se indica que los abuelos cumplen perfectamente el papel que tienen encomendado y que los menores no quieren depender de su padre.

En la vista de ayer estuvo presente Juan Carlos Pernas, que fue conducido desde prisión. También fueron llamados los abuelos de los menores porque la parte contraria pidió su interrogatorio, extremo que no llegó a producirse finalmente al renunciar finalmente el letrado del profesor.

Pernas mató por celos a Montse Labrada el 26 de agosto de 2010. Ella no pudo defenderse. La sentencia le impuso 21 años de prisión y, además, le fijó una indemnización de 125.000 euros para cada uno de sus dos hijos y de 60.000 para los padres de la enfermera.

La sentencia considera probado que el profesor amenazó a su esposa con matarla, lo mismo que a sus hijos. También establece que urdió un plan para acabar con la vida de la mujer hasta el extremo de que le dio golpes con un hacha cuando estaba durmiendo. Antes intentó estrangularla.

«Soy el autor material de la muerte de mi mujer, pero no el culpable», llegó a asegurar en algún momento el profesor. El jurado al que le fue encomendado el veredicto fue contundente en sus apreciaciones. Tanto es así que estableció que no hubiera indulto ni suspensión de pena..