Los miembros de la Brigada de Extranjería acusados en la Operación Carioca apuntan a un agente fallecido por la falsificación de permisos de residencia
LUGO
Rodríguez y Pumares acusan a Castro de «controlar toda la documentación» y se desmarcan de los hechos que se les asignan
14 jul 2021 . Actualizado a las 05:00 h.Los últimos restos de la Operación Carioca se juzgaron ayer en la Audiencia Provincial de Lugo. Esta vez le tocó a los imputados del cuerpo de policía en una de las principales piezas de la causa, en la que se habrían falsificado las prórrogas de residencia de dos extranjeras empleadas de burdeles.
Los acusados son el inspector jefe de la Brigada de Extranjería y Documentación del Cuerpo Nacional de Policía de la Comisaria de Lugo, Evaristo Rodríguez, y un funcionario administrativo Germán Pumares. El subinspector jefe, Eduardo Castro, también estaba imputado en este caso como principal sospechoso, pero falleció. Al primero se le acusa de dos delitos de falsedad en documento público, por lo que la Fiscalía pide cuatro años y medio de prisión. A Germán Pumares se le imputa dos delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios y en su modalidad de uso de secreto o información privilegiada, ya que también ejercía de abogado en su despacho personal. El juicio durará dos días más aunque la defensa de Germán Pumares solicitó la nulidad de las escuchas de su teléfono por falta de motivos contundentes para realizarlas, lo que será considerado.
Los documentos de prórroga de residencia que presuntamente falseó el inspector jefe fueron emitidos en los años 2006 y 2007. Estos escritos, que debían estar acompañados de una documentación justificativa, tan solo alegaban el motivo de «enfermidade» sin ninguna demostración. Ambos fueron firmados por Evaristo Rodríguez.
responsabilidad al fallecido
El entonces inspector jefe, que ya lleva once años jubilado, declaró que la firma de esos dos informes era la suya, pero él no tenía nada que ver con su elaboración. «Yo tan solo firmaba. A las dos de la tarde tenía la mesa llena de papeles y no tenía tiempo de comprobar todo. Confiaba en mis funcionarios y en que los informes estaban correctos», defendió.
El Fiscal recordó a Rodríguez en su declaración que una de las mujeres que recibió la prórroga «era la prima de una mujer que tenía una relación con el subinspector jefe», por lo que podría haber influenciado a este para que agilizase su regularización en España. «De eso tuve conocimiento posteriormente», reiteró. En la resolución, también aparece una firma del comisario jefe presuntamente falseada por Evaristo Rodríguez. A lo que el inspector negó que él hubiese imitado su firma, sino que fue una «maniobra de Eduardo Castro para hacerme daño, que seguramente escaneó la firma».
Respecto a estos dos escritos, el funcionario Germán Pumares declaró «No puedo afirmar que los informes sean míos». A pesar de que Evaristo concretó que elaborar los informes de prórroga era la función del puesto de Pumares, este alegó que no tenía esa «categoría». «En las prórrogas de las dos mujeres hay un fallo, por lo que los debió hacer una persona que no estaba acostumbrada», alegó. En concreto, señaló que toda la documentación pasaba por Eduardo Castro aunque «no recuerda quien los hizo». Respecto a la falta de justificación en los informes, solo defendió que «podían haberse caído» en los registros.
Las escuchas, clave
Además de ser funcionario en Extranjería, Pumares era abogado. Una compatibilidad por la que se le acusa al haber hecho «uso secreto o información privilegiada». Pumares negó que durante las horas de abogacía atendiese asuntos de extranjería o que utilizase la información de la brigada para sus clientes privados. El Fiscal, sin embargo, aseguró que en las escuchas que serán empleadas, en principio, el resto de las jornadas, se demuestra lo contrario.
Fue luego el turno de las comparecencias de varios agente de la Guardia Civil y de Asuntos Internos de la Policía Nacional, en cargados de la redada en la oficina de Extranjería donde, presuntamente, Rodríguez y Pumares confabulaban para falsificar los permisos de residencia. Todos certificaron que se encontraron irregularidades en los expedientes de dos chicas brasileñas, que justificaban su petición alegando unos «motivos médicos» que no eran tales. Corroboraron , además, que «el subinspector Castro recibía favores sexuales o de otra índole a cambio de estos permisos».
Pasó por sede judicial también Maximino Losada, excomisario jefe de la Policía Nacional en Lugo, que dijo «no saber nada» de las falsificaciones y que se «fiaba ciegamente» del buen trabajo de sus compañeros. «Hubo una época de mucho trabajo en Extranjería porque había muchas peticiones», concluyó el excomisario.