La residencia de mayores de Becerreá será privatizada y tendrá precios más caros que el resto de centros de la Diputación de Lugo
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BECERREÁ

El gobierno provincial explica que no pueden asumir un edificio de 96 plazas y recuerdan que su construcción fue aprobada por el PP y el alcalde cuando gobernaban Suplusa. Los populares señalan que las tarifas crearán lucenses de primera y de segunda
25 feb 2025 . Actualizado a las 17:23 h.La residencia de mayores de Becerreá será privatizada y estará fuera del modelo del resto de centros que gestiona la Diputación de Lugo, con tarifas más caras, hasta un 60 %, según el PP. El pleno provincial aprobó con los votos del PSOE y del BNG, y con la abstención de PP, el informe que realizó la comisión técnica que diseñó la actividad económica y el régimen jurídico del centro de Becerreá.
El gobierno provincial señala que este paso es clave para abrir la residencia que lleva casi tres años sin abrir a pesar de estar terminado el edificio, mientras que el grupo del PP afeó que no expliquen los plazos de apertura, además de criticar que esta residencia estará fuera del modelo provincial.
La propuesta que se aprobó propone que la residencia de Becerreá se quede fuera de la red de centros de atención de mayores que tiene la Diputación y que pase a ser gestionada por una empresa privada, aunque tendrá control público con inspecciones. Y que sea privatizada también implicará que las tarifas que paguen los usuarios de Becerreá serán más caros que las residencias públicas, como las cercanas de Navia de Suarna o Pedrafita do Cebreiro.
Por qué es diferente
El motivo de esta diferencia se debe, según explicaron tanto los diputados del PSOE como del BNG, y como recoge en el informe (en el que participaron Secretaría, Intervención, Contratación, Recursos Humanos y Benestar Social) tiene como origen la decisión de la construcción de la residencia. «É un modelo diferente, porque naceu diferente, cunha proposta faraónica distinta do modelo básico que temos, e que decidiron un tránsfuga e o PP, que se empeñaron en facer unha residencia que non formaba parte do modelo, sen pensar nos veciños e na Deputación», explicó el diputado de Promoción Económica, Pablo Rivera.
La residencia de Becerreá fue aprobada cuando el alcalde de Becerreá, ex diputado del PSOE Manuel Martínez, y el grupo del PP, tenían mayoría en Suplusa. Este órgano, ya extinto, era quien impulsaba inicialmente este tipo de centro de mayores, pero encomendaron la construcción del centro de Becerreá a la Diputación, tras llevarlo a pleno y ganar la votación.
Las residencias que construyó la Diputación tienen de media 30 plazas, pero la de Becerreá se hizo para 96 personas y 40 para el centro de día. Martínez siempre defendió que la residencia de Becerreá fue diseñada para ser algo más que municipal y su objetivo era dar servicio a toda la comarca. Se estipula en este momento una posible lista de espera de 116 personas esperando para poder entrar,

Pablo Rivera dijo que la Diputación no puede asumir un centro de mayores con estas dimensiones y sin tener el apoyo de la Xunta, «que é quen ten as competencias», algo en lo que también redundó el nacionalista Efrén Castro, quien reconoció que su grupo está en contra de la privatización de los servicios, pero que si se quiere abrir el centro de Becerreá no había más remedio que dárselo a una empresa privada.
«Facemos o posible para resolver o desaguisado que nos deixaron. E no informe dos tecnicos tamén se di que hai que facelo desta maneira por falta de apoio da Xunta, con cero euros para a construción e mantemento», dijo el vicepresidente de la Diputación, quien volvió a justificar su voto: «Deixáronos unha macroresidencia que dista moito de ser municipal, para xerar división e embarrar. Ese balón envelenado tocounos a nós. A nós non nos gusta a externalización, pero cos mimbres que nos deixaron, nin está nin se lle espera á Xunta». Efrén Castro dijo que el resto de residencias que quedan por construir seguirán con el modelo actual provincial, «pero a de Becerreá é inasumible para a Deputación».
Ameijide, PP: «Por que os usuarios de Becerreá pagarán un 60 % máis que un de Pedrafita?»
El portavoz del PP, Antonio Ameijide, indicó que el informe que se presentaba para aprobar, y que entrará un mes en período de alegaciones, marca las diferencias de precios que tendrán que pagar los usuarios de la residencia de Becerreá frente a las de otras residencias provinciales, además de afear al gobierno provincial que siguen sin concretar los plazos de licitación y apertura del centro. «Hoxe comeza a conta atrás. Se en dous meses non está presentada a licitación deste expediente, veremos que non teñen interese».
Ameijide apuntó que el modelo de residencias de la Diputación «é un fracaso, porque renuncian á súa ideoloxia de esquerdas para privatizar o centro de Becerreá». Y fue muy crítico con las tarifas que se prevén aplicar en la residencia de Becerreá y las contrapuso con la del resto de centros del modelo provincia, «facendo que haxa veciños de primeira e veciños de segunda».
Cuáles serán los precios
Los precios mensuales que explicó Ameijide pasan por 1.750 euros para una plaza de una persona autónoma; 2.200 euros para un dependiente; 375 para una plaza de centro de día; y 165 euros por transporte, «cando un veciño de Navia paga pola praza de dependente 1.390 euros, polo que un veciño de Becerreá pagará un 60 % más que un de Pedrafita». El portavoz del PP dijo que detrás de la concesión de la Diputación «hai un modelo de negocio claro, con 78 millóns en 25 anos, cun beneficio anual para a empresa de entre 220.000 a 360.000 euros, cun beneficio neto dun 10,6%».
La Diputación, para evitar las diferencias de precios, maneja la idea de que los vecinos de Becerreá tengan precios especiales más económicos que las tarifas que se marquen. «Aquí a realidade é que non hai un só euro da Xunta, que por certo, a conselleira nin visitou ningunha das nosas residencias, pero si nos manda moitas inspeccións, cando ás da Xunta non as manda», señaló el socialista Pablo Rivera.
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El diputado del PSOE afeó al popular Ameijide que critique el informe que hicieron los técnicos de la comisión: «Os que informan sobre Altri si que valen, e os que fixeron este traballo non lles valen?». Rivera puso en valor que se da un paso para abrir la residencia, «con transparencia e compromiso claro cos veciños», y apeló a los representantes de la plataforma que llevan meses reclamando la apertura de la residencia de Becerreá y que estaban en las bancadas del público: «Aquí ven quen apoia a apertura da residencia (en referencia a la abstención do PP), porque hai xente que non puxo un peso, xogaron coa vontade da xente, non lles fagades caso porque os vosos dereitos estarán preservados, estade tranquilos».
Expulsión del pleno
Cuando terminó la votación, con 13 síes y 12 del PP de abstención, los vecinos de la plataforma soltaron panfletos desde la parte de arriba. El presidente de la Diputación, José Tomé, pidió a los miembros de seguridad que identificase y expulsase a las personas que habían hechos esta acción. Se enfrentan a una sanción de tres meses sin poder volver acudir a un pleno de la Diputación.
La decisión de la residencia de Becerreá se fraguó en el 2016
El consejo de administración de Suplusa, el 13 de enero del 2016, acordó su presupuesto para ese año, y entre las medidas se incluyeron los cinco millones previstos por los cuatro diputados del bipartito (PSOE-BNG), los cuatro populares y el presidente, Manuel Martínez, no adscrito, aumentaron, a través de dos mociones, en otros cinco millones el presupuesto de Suplusa para una residencia de mayores de Becerreá y dos nuevos hogares residenciales con centro de día en Folgoso do Courel y en Portomarín.
Luego, el convenio de construcción fue al pleno del 19 de diciembre del 2016, saliendo adelante con 24 votos emitidos, siendo a favor 22, del PP y PSOE, y dos abstenciones del BNG. Con aquel acuerdo se resolvía una demanda histórica de los vecinos y del propio Concello.
La Diputación, cuyo presidente entonces era el socialista Darío Campo, criticaba la falta de compromiso de la Xunta, que en el 2009 había prometido públicamente la construcción de la residencia, pero que en el 2016 seguían sin construirse.
Por entonces, la institución provincial asumió la redacción de este proyecto, que el propio Ayuntamiento puso a disposición del Ejecutivo gallego, así como los terrenos necesarios para su construcción.
El convenio aprobado entonces señalaba que la Diputación asumiría la ejecución de la construcción, a la que aportará 5 millones de euros distribuidos en cuatro anualidades: 103.700 euros este año; 2 millones en 2017 y 2018; y 1,01 millones en 2019. Y la previsión era licitar en pocas semanas los primeros trabajos, que consistían en la demolición de la antigua escuela, ubicada en los terrenos donde se levantará el inmueble.