El Concello de Sarria tiene que devolver 9.000 euros a la Xunta por fraccionar un contrato, calificado como «ilegal» por el PP
SARRIA
El PP y el PSOE paralizaron por tercera vez en pleno la licitación de las máquinas del gimnasio de la piscina
25 feb 2022 . Actualizado a las 12:00 h.El Concello de Sarria celebró este jueves el pleno ordinario de febrero, de nuevo de manera telemática. La corporación aprobó por unanimidad dos mociones. La primera de ellas fue una propuesta del BNG para incentivar la instalación de placas solares a través de una bonificación a los vecinos del 50 % en el IBI. Además, a raíz de una moción del PP que instaba al gobierno a instalar cámaras de seguridad, los cinco partidos del Ayuntamiento aprobaron pedir un puesto principal de la Guardia Civil en Sarria. De esta manera, este cuerpo de seguridad se vería reforzado con un incremento de agentes.
Por otra parte, también se aprobó otra moción del BNG que pedía mejorar ferroviarias para conseguir un «tren digno» para Sarria, a lo que se abstuvieron el PP y el PSOE. Por último, respecto a las propuestas de la oposición, se consensuó por tercera vez paralizar el renting de las máquinas del gimnasio de la piscina. El PP, que presentó la moción, y el PSOE votaron a favor de convocar a todos los concejales para que el gobierno aporte los datos económicos de la gestión de estas instalaciones, apelando de nuevo a la «transparencia». Los dos grupos políticos volvieron a tildar como una «operación ruinosa» el alquiler de esta maquinaria por 236.000 euros. El gobierno ya sacó a licitación esta oferta en dos ocasiones, en las que se presentaron cuatro empresas, pero quedó desierta, lo que a la portavoz del PSOE, Pilar López, le resultó «extraño».
Por último, en el turno de preguntas, la concejala del PP, Mirela Ferizovic, preguntó por la subvención de la Xunta perdida por el gobierno, por la que tiene que devolver 9.000 euros por adjudicarla con «contratos ilegales». «Que son ilegales lo dirá usted», respondió contundente Garrido. Los populares adelantaron este jueves que el Concello participó en la convocatoria del 2020 de las ayudas de Fondos Europeos para crear un servicio de conciliación. La Xunta anticipó el 75 % de esta subvención, lo que ascendía a 9.000 euros. Sin embargo, dos meses después, el organismo autonómico revocó la concesión de esta ayuda y el Concello ordenó el reintegro de los 9.000 euros. La razón de esta derogación fue que el gobierno local adjudicó el servicio con contratos menores, de manera que no tienen que tramitarse por concurso público sino que puede hacerse de manera directa, pero la ayuda solo se podía conceder con un contrato mayor. Por tanto, incumplía así la Ley de Contratos. El alcalde, Claudio Garrido, explicó que se contrató a la empresa adjudicataria antes de recibir la subvención, por lo que el Concello «no tenía crédito para hacer un contrato mayor», por lo que tuvo que fraccionarlos.