El Concello de Sarria indemnizará a la trabajadora que despidió de forma improcedente «por ideas políticas»

Una trabajadora de la residencia de Sarria fue despedida de manera improcedente el 20 de noviembre del 2021. Así lo constata un fallo judicial después de que la empleada denunciase a la entidad por la finalización de su contrato. Por orden del juzgado, la residencia está obligada a readmitir a la demandante o bien indemnizarla con 2.540,48 euros. El Concello, según se destapó en el pleno celebrado este jueves, optará por la compensación económica, aunque el alcalde, Claudio Garrido, defendió que no tenía conocimiento de los hechos, a pesar de haber firmado el decreto para llevar a cabo la indemnización.

«El concejal Benjamín Escontrela me comunicó que el alcalde, Claudio Garrido, y el secretario no me reincorporaban por ser del PP», alega la mujer. El regidor niega estas declaraciones y asegura que ni él ni el secretario participan en la gestión del centro. 

Esta sarriana llevaba trabajando en la residencia Nuestra Señora del Carmen de Sarria desde el 2019, cuando aprobó el examen para optar a un puesto a través de una bolsa de empleo.

El centro de mayores es de titularidad municipal, por lo que es a través de este proceso público por el que se contrataba a los trabajadores. Junto a esta mujer, empezaron a trabajar en el centro otras dos personas a través de la misma bolsa. Los contratos eran temporales por meses. Sin embargo, el 20 de noviembre del 2021, «sin ningún motivo ni aviso», despidieron a la sarriana. Siendo la única de todo el centro a la que le finalizaron el contrato. «Cuando pregunté el por qué me dijeron que sobraban trabajadores», explica.

Varios contratos posteriores

Sin embargo, relata que semanas después de abandonar el centro, gestionado por una gobernante y el responsable político, el concejal Benjamín Escontrela, contrataron a varias personas. Esta vez no por bolsas de empleo público sino a través de los servicios del paro. Esta manera de contratación ya fue criticada en reiteradas ocasiones también por la oposición, como el portavoz del BNG, Efrén Castro, que había denunciado que se escogía a gente «a dedo» y defendió que la manera de ocupar puestos es a través de un proceso público. 

Ante estas incongruencias, la sarriana decidió denunciar a la residencia sarriana por despido improcedente y así se declaró por fallo judicial hace más de un mes. El centro de mayores debía, cinco días después, readmitir a la demandante  y pagarle los salarios de tramitación desde el día 20 de noviembre de 2021 hasta el día de la notificación de la sentencia a razón de 35,53 euros al día; o bien indemnizarla con 2.540,48 euros.

La demandante y su familia, que tenían muy buena relación con el concejal responsable, Benjamín Escontrela, relatan que se pusieron en contacto con él y que este les dijo que procedían a indemnizarla porque «el alcalde y el secretario no la quieren readmitir porque es del PP». La familia, que comparte ideas políticas con este partido «desde siempre», se dirigió entonces al regidor Claudio Garrido y les aseguró que no sabía nada del tema, según cuentan. Sin embargo, Garrido declaró este mismo jueves que «ni el secretario ni yo sabemos nada de las contrataciones y los despidos de la residencia, que las hacen directamente». Además, aseguró que lo que les dijo Escontrela «no es cierto», por lo que no entiende ese comentario del concejal. Benjamín Escontrela no respondió a las llamadas de este medio para aclarar esta situación.

 Otros asuntos

En el pleno de este jueves también se aprobó la única moción del día, presentada por el PP, en la que se solicitaba compensar a los vecinos por el catastrazo de los últimos cuatro años. Votaron a favor PSOE, BNG y PP; en contra, el Gobierno Local.

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