Piden dos años de cárcel para el gerente de un pub de Sarria cuyo ruido obligó a mudarse a vecinos de su edificio
SARRIA
La Fiscalía le imputa un delito contra el medio ambiente en su modalidad de emisión indebida de ruidos y otros tres de lesiones, ya que los afectados sufrieron secuelas psicológicas
20 abr 2023 . Actualizado a las 18:28 h.Un empresario de Sarria se enfrenta a dos años de prisión y a una multa de 52.000 euros por el ruido que emitía su pub. Eso es, al menos, lo que sostiene la Fiscalía, que acusó este jueves al procesado en un juicio celebrado en el Juzgado de lo Penal número 1 de Lugo.
El proceso que llegó este jueves a juicio empezó en el año 2016. Entonces, el principal acusado, un empresario del sector de la hostelería, alquiló un bajo de la rúa Gregorio Fernández, en el centro de la localidad de Sarria. Desde entonces, y durante los dos años siguientes, «desarrolló la explotación de la actividad de [un pub conocido como] A Oficina», dice la representante del Ministerio Público.
Sin embargo, lo que empezó siendo un local de ocio nocturno como otro cualquiera terminó siendo un incordio para los vecinos de su edificio y de los adyacentes. En febrero del 2018, fue denunciado por los ruidos que emitía su establecimiento, y que, presuntamente, causaban un perjuicio a los residentes en su calle. La Fiscalía sostiene que, durante ese año, «el acusado, con consciente desprecio por la salud de terceras personas y con conocimiento de que su actividad podría estar causando perjuicios a los vecinos de la zona por el fuerte ruido provocado por la música del establecimiento, vino a incumplir» distintas normativas legales, «manteniendo hasta altas horas de la madrugada un volumen de emisión de sonido procedente del local superior al máximo permitido por esta norma para horario nocturno», dice el escrito de acusación.
Los vecinos afectados solicitaron que se hiciese una medición del ruido que procedía del local. Por ello, la Policía Local de Sarria realizó este análisis desde el domicilio de uno de los denunciantes, plasmando en un informe que el nivel de ruido era de 32 decibelios, superior a lo que permite la ley.
Le dieron varios avisos hasta clausurar el local
Entonces, el Concello acordó en una Junta de Gobierno requerirle al procesado que corrigiese estas deficiencias en un plazo de tres meses. Era junio del 2018 cuando el Ayuntamiento ordenó precintar su equipo de música al seguir incumpliendo la ley.
Sin embargo, la fiscal sostiene que, hasta el 3 de diciembre de 2018, «el acusado siguió manteniendo hasta altas horas de la madrugada (especialmente los fines de semana) un volumen de emisión de sonido procedente de su local superior al máximo permitido, valiéndose de ordenadores portátiles o conectando mecanismos a los televisores del establecimiento, desoyendo las continuas advertencias efectuadas por los agentes de la Policía Local que se personaban reiteradamente en el lugar, bajando el volumen cuando estos llegaban y volviéndolo a subir en cuanto se machaban, hechos por los que se siguió el oportuno procedimiento por desobediencia».
Los vecinos terminaron mudándose
Según la acusación, esta práctica causó graves perjuicios en la salud de los vecinos afectados. Su desesperación era tal que varios de ellos decidieron incluso mudarse. «La exposición continuada, periódica y prolongada en el tiempo a todo este volumen de ruido se concretó en problemas de salud para los denunciantes», dice la Fiscalía, que añade que cuatro de ellos incluso desarrollaron trastornos de ansiedad.
A raíz de estos hechos, el 3 de diciembre del 2018 se acordó, por orden del juzgado de Sarria, la clausura del establecimiento entre las 22.00 y las 08.00 horas.
El negocio se trasladó y acabó cerrando
Lo cierto es que A Oficina duró poco en esa calle. Tras ser sancionado, el gerente se trasladó a otro local, situado en la rúa Diego Pazos, pero dejó el alquiler a los pocos meses. La Fiscalía pide dos años de prisión y cuatro indemnizaciones distintas para los afectados. Tanto el gerente del bar como el dueño del local, que también está acusado, tendrían que indemnizar a los denunciantes en las cantidades de 15.000 euros a dos de ellos, 8.000 a otro, 3.000 a un cuarto y a 10.000 al último.
En el juicio, el acusado alegó que los informes aportados por el Concello de Sarria no eran correctos, y que datos registrados por ellos mismos exhiben una realidad distinta. Además, afirmó que el cierre de su establecimiento le ha causado un perjuicio económico.
El juicio quedó visto para sentencia y, al no haber acuerdo, será la decisión del juez la que elija si el empresario es castigado con pena de cárcel por los ruidos que emitía su local.