La Fiscalía considera que el alcalde de Sarria vulneró los derechos de los concejales por convocar un pleno con horas de antelación
SARRIA
El letrado cree que no estaba justificada la motivación ni la urgencia
22 dic 2023 . Actualizado a las 05:00 h.La Fiscalía ha emitido su informe acerca de la demanda del PP contra el alcalde de Sarria por convocar el pasado mes de agosto un pleno con cinco horas de antelación. Cuatro concejales no pudieron acudir y el gobierno de Camiña Sarria sacó adelante su propuesta. El letrado provincial considera que se vulneraron los derechos de los concejales a la participación política.
El alcalde de Sarria, Claudio Garrido, convocó un pleno de urgencia el día dos de agosto sobre las ocho de la mañana para celebrarlo ese mismo día a las 13.30 horas. El asunto era aprobar una modificación del contrato de la luz por la que peligraba una subvención de casi tres millones de euros. De los 17 ediles que conforman la corporación, no pudieron asistir cuatro. Todos de la oposición, uno del PSOE y tres del PP.
Camiña Sarria, que gobierna en minoría, pudo aprobar con los siete votos de sus concejales la modificación en el contrato de la luz. El año pasado, la ingeniera municipal ya había avisado de que el contrato no se correspondía con la propuesta, porque se pusieron menos luminarias, por lo que habría que modificar la inversión. Según Garrido, aprobó primero este cambio por decreto de alcaldía y el IDAE indicó en febrero que se debía volver a validar en pleno, el organismo competente. Sin embargo, Garrido no inició la ratificación hasta el mes de julio, cuando convocó un pleno que se realizó de manera telemática. La oposición avisó de que quería conocer los informes técnicos del contrato. El siguiente paso fue convocar el pleno en agosto de urgencia con cinco horas de antelación.
Los tres grupos de la oposición (PSOE, PP y BNG) criticaron las formas de la convocatoria. Fueron mayores las quejas de los socialistas, de los que uno no pudo acudir, y el PP, con tres ediles fuera de Sarria. «Fíxose a convocatoria sabendo que varios concelleiros non poderían acudir, con premeditación e alevosía», denunciaron entonces.
Los populares fueron un paso más allá y presentaron un recurso ante el Juzgado Contencioso Administrativo de Lugo por vulneración de la participación política. En septiembre fue admitido a trámite en septiembre, como anunciaron entonces en pleno, y recientemente la Fiscalía emitió su informe. El letrado considera que se vulneró el artículo 23 de la Constitución Española, que recoge el derecho fundamental de participación política. En este caso, de los concejales. Los plenos extraordinarios y urgentes tienen que estar debidamente motivados y justificados, lo que no sucedió en este caso. Ahora el juzgado tendrá que dictaminar la sentencia.