Más de 200 altos cargos de entidades financieras han sido procesados o tendrán que rendir cuentas en los próximos meses por los desmanes en la gestión que obligaron a salir al rescate de las cajas
26 mar 2017 . Actualizado a las 05:00 h.Los desmanes cometidos durante años en la gestión de las cajas de ahorros en la época de la burbuja inmobiliaria no solo han pasado una onerosa factura al contribuyente, obligado a salir al rescate de un sector sistémico para la economía española, en el que el Estado tuvo que inyectar casi 41.800 millones de euros de fondos públicos. Los dirigentes de esas entidades quebradas también han tenido que ajustar cuentas, en este caso con la Justicia, y más de 200 altos cargos han ido desfilando por la Audiencia Nacional, o tendrán que hacerlo en los próximos meses, para dar cuentas de los agujeros de su gestión.
Lo que sigue es una relación de los principales casos que ya han sido juzgados o están a punto de serlo.
NCG: los primeros en pisar la cárcel
No fueron los primeros en sentarse en el banquillo, pero sí los primeros en pisar la cárcel por el saqueo de la cajas. El pasado 16 de enero, la Audiencia Nacional ordenaba el ingreso inmediato de prisión de cuatro exdirectivos de Novacaixagalicia -el expresidente, Julio Fernández Gayoso; el ex director general José Luis Pego; el exresponsable del negocio inmobiliario Gregorio Gorriarán y el que fue responsable de la integración de las dos cajas gallegas, Óscar Rodríguez Estrada-, así como de un asesor externo, el abogado Ricardo Pradas. Los cinco habían sido condenados a dos años de prisión por inflar las cuantías de sus prejubilaciones antes de abandonar la entidad (o cooperar para hacerlo, caso de Gayoso y Pradas), a la que luego hubo que rescatar con más de 9.000 millones del erario. Pese a estar en el límite habitual para la suspensión de la pena, en su contra jugó su negativa a devolver los 10,4 millones que se habían embolsado y que el tribunal les obligó a reintegrar, lo que, unido al hecho de que el Tribunal Supremo había ya criticado en su día la benevolencia de la condena, llevó a la Audiencia Nacional a ordenar su ingreso en prisión para «evitar la impunidad».
Caixa penedés: el precio de la libertad
Quienes sí consiguieron eludir la prisión sobre la campana fueron los primeros banqueros que desfilaron ante los magistrados de la Audiencia Nacional en esta crisis. Fue en el 2014, cuando cuatro exdirectivos de Caixa Penedés, encabezados por el ex director general Ricard Pagés, evitaron la cárcel pese a ser condenados a penas de entre uno y dos años. La clave fue que ellos sí aceptaron devolver los 28,6 millones que se habían embolsado con sus pensiones millonarias.
CCM, siete años de la quiebra a la condena
Caja Castilla-La Mancha fue la primera entidad intervenida durante la crisis. Castigada por sus inversiones ruinosas (financió el aeropuerto de Ciudad Real, entre otros proyectos fallidos), la entidad necesitó 9.000 millones de euros para mantenerse a flote. Tuvieron que pasar siete años para que la Justicia se pronunciase. Lo hizo en febrero del año pasado, cuando la Audiencia Nacional condenó al expresidente de la entidad, Juan Pedro Hernández Moltó, y al ex director general, Ildefonso Ortega, a dos años de prisión y a pagar una multa de 29.970 euros por un delito societario de falsedad contable, por haber manipulado las cuentas de la entidad correspondientes al 2008 para aparentar «beneficios inexistentes».
120 años de cárcel por las «black»
De todos los escándalos que han azotado el sector financiero en los últimos años, ninguno ha hecho correr tantos ríos de tinta como el de las black, esas tarjetas opacas al fisco con las que 65 exdirectivos de Caja Madrid y Bankia se apropiaron de casi 15 millones de euros de la entidad para sus gastos personales, que quedaron expuestos ante toda la opinión pública. Todos ellos fueron condenados el pasado mes de febrero a un total de 120 años de cárcel. Las mayores penas fueron para el expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, y para su sucesor al frente de la entidad y luego cabeza de Bankia, el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, a los que los jueces impusieron seis y cuatro años y medio, respectivamente, penas que no empezarán a cumplir hasta que el Supremo resuelva sus recursos. El de las black, aunque el más mediático, solo es una de las muchas causas que tienen pendientes los antiguos jefes de la entidad madrileña. La Audiencia Nacional también ha procesado a Rato y a otros 37 exdirectivos y exconsejeros por la desastrosa salida a Bolsa de Bankia. Un caso por el que también acaban de ser imputados el exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, al que se acusa de no haber impedido la operación pese a las advertencias de los técnicos sobre su inviabilidad, y el expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Julio Segura, entre otros miembros de los organismos supervisores. Por su parte, Blesa (que pasó fugazmente por prisión en el 2013 en una decisión que le costó la carrera al juez Elpidio Silva) se enfrenta a la petición de otros cuatro años de cárcel por el incremento irregular de sueldos y planes de pensiones, y deberá responder también por la emisión masiva de preferentes.
Catalunya caixa, la última en la picota
Esta misma semana, la Fiscalía solicitó cuatro años de cárcel para el expresidente de Catalunya Caixa, el también exvicepresidente del Gobierno Narcís Serra, acusado junto a otros 40 exdirectivos de un delito de administración desleal por los sobresueldos que se asignaron en plena crisis financiera. Pero es solo uno de los muchos casos pendientes. Los directivos de CAM, Bancaja, Banco de Valencia, Kutxabank, Caja Inmaculada, Caja España y Caja Duero deberán rendir cuentas a los jueces por una gestión que acabó con las cajas de ahorros.
El exministro Narcís Serra es el último banquero al que la Fiscalía le reclama penas de cárcel
ILUSTRACIÓN: MABEL RODRÍGUEZ