Uno de los rasgos institucionales más generalizados desde la década de 1990 en todas las economías desarrolladas fue el fuerte grado de independencia adquirido por los bancos centrales. Detrás de esa tendencia estuvo la idea de que la política monetaria tiene una elevada complejidad técnica -y que por tanto no está al alcance de cualquiera elaborarla y aplicarla correctamente-, así como la evidencia de que los bancos centrales más autónomos respecto a los gobiernos suelen alcanzar mejores resultados en la lucha contra la inflación, gran objetivo de referencia durante muchos años. Eran argumentos muy razonables.
Sin embargo, la crisis financiera y sus graves consecuencias cambiaron notablemente ese panorama. Y ello por tres razones principales. Primero, porque la propia preocupación por la inflación cedió notablemente ante problemas mucho más graves. De hecho, en los últimos años se multiplican las quejas sobre la actuación de los banqueros centrales porque en la mayoría de los países el crecimiento de los precios está por debajo de su objetivo inalterado, del 2 %. La segunda razón es que hay ahora un amplio acuerdo en torno a la necesidad de que las políticas monetarias estén vinculadas a la regulación de los bancos, pues en su disociación completa entre 1990 y 2008 muchos expertos ven una de las principales causas del colapso financiero. Pues bien, hay muchas dudas sobre la conveniencia de que esas tareas regulatorias se ejerzan fuera del control político, sobre todo dada la cercanía de mentalidades, cuando no de intereses, entre el regulador y los regulados (los entidades de crédito); recuérdese a ese respecto que muchos banqueros centrales proceden de bancos de inversión.
La tercera razón radica en que la crisis ha hecho ver a muchos que las políticas monetaria y fiscal han de caminar estrechamente unidas, por lo que parece conveniente que las respectivas autoridades que las llevan a cabo cooperen muy estrechamente: es obvio que un alto grado de independencia puede ser un serio inconveniente para esa buena coordinación.
Pero no se trata solamente de razonamientos. En los últimos tiempos hemos visto en algunos países fuertes debates políticos, cuando no presiones descarnadas, sobre los bancos centrales, que en algunos casos han limitado ya significativamente su independencia. El Banco de Japón, por ejemplo, se ha puesto a los dictados del primer ministro Abe para intentar doblegar las tendencias profundas al estancamiento en esa economía. Y ya más recientemente, en Italia, Gran Bretaña y Estados Unidos se han desatado auténticas luchas políticas en torno a la actuación de sus respectivos banqueros centrales.
En el caso italiano, con el trasfondo de una profunda insatisfacción con la gestión de la nunca resuelta crisis bancaria, la actuación de la Banca d’Italia está siendo ahora mismo objeto de grandes controversias y críticas en el terreno político, sobre todo por parte del exprimer ministro Matteo Renzi, quien sostiene sus ataques afirmando: «No es populismo, es justicia». En el Reino Unido, por su parte, el Banco de Inglaterra también esta sometido a fuego cruzado por la forma en que está gestionando las consecuencias económicas del brexit. Y en Estados Unidos, la sustitución de la buena gobernadora de la Reserva Federal, Janet Yellen, por el exbanquero Jerome Powell, en un entorno de presiones políticas indisimuladas (rompiendo la tradición del segundo mandato), parece anunciar que en los próximos años su política estará en buena medida sometida a los deseos del presidente Trump. El principio de independencia de las autoridades monetarias no pasa, desde luego, por su mejor momento.