Un grupo de alumnos, en pleno epicentro de la crisis pasada, me preguntó si seríamos capaces de aprender las lecciones que nos había dado. «Vuestros padres y yo sí: la tenemos grabada en la piel, pero para vosotros serán historias de vuestros mayores y para vuestros hijos, páginas aburridas de una clase más; vosotros gobernaréis, vuestros hijos lo harán después, y muchos de nosotros, que lo veremos, también constataremos que las lecciones aprendidas vuelven a debatirse y a ponerse en cuestión», les respondí.
Lo que en ningún momento llegué a pensar es que el adanismo, debatir lo que ya se ha debatido, consensuado y pactado, invadiría con tanta rapidez a una parte de nuestra clase política. La alarma se me encendió al ver el debate autonómico sobre las universidades privadas, donde Pedro Puy y Román Rodríguez, en su defensa del marco jurídico español y de los pilares de nuestra economía de mercado, el sistema económico en el que hemos decidido vivir, estaban solos. Inaudito. Y aquí nuestra posición ha de ser clara, el que defiende la libertad de otros defiende la nuestra, y si así hace, solo toca arrimar tu hombro al lado del suyo. Impedir la creación de una universidad privada, por el simple hecho de que «no es necesaria» es un ataque directo a la línea de flotación de nuestro sistema. Atenta contra las leyes de garantía de unidad de mercado y de libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Dos pilares jurídicos de nuestro sistema económico que en ningún momento han de ser cuestionados, porque al igual que a usted le ha de alarmar que su vecino desestabilice los cimientos de su edificio, a la sociedad ha de preocuparle que las fuerzas de oposición parlamentaria gallega ignoren o desprecien las estructuras. Es entendible por parte de aquellos que desean instaurar una república socialista. ¿Pero está la oposición entera en esta misión?
Hay que insistir que estas dos leyes, con toda su importancia, quedan supeditadas a la máxima norma, la Constitución, que indica, bajo lectura del Tribunal Constitucional, que los gobiernos han de tener límites en aquellas medidas que inciden sobre el sistema económico y que, en el caso de las universidades privadas, nunca se les podrá ubicar en un espacio de desventaja frente a los operadores del sistema público. La educación universitaria es una actividad económica: esta es la gran verdad que muchos desean ocultar. La diferencia es que, en unos casos, el agente vive de una transferencia pública y, en otros, de una privada. A partir de aquí, que alguien opine si es normal que un expediente administrativo sin tacha necesite tres años, cuando no cuatro o cinco, para ser aprobado ¿Esto es libertad económica? Obviamente, no.
Hay otra sentencia, en este caso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que impuso una multa millonaria, por responsabilidad patrimonial, a un ayuntamiento por injustificada demora en una licencia. La respuesta del concejal fue que no despertaba la simpatía de los vecinos, la del tribunal, mucho más rotunda. «La presión vecinal ni es Ley ni es derecho» ¿Y el concejal? ¿Respondió con sus bienes? Porque el constructor, sí, quebró.
He olvidado la mayoría de las lecciones de física que me dieron en bachiller, pero hay una que siempre recuerdo: cada acción merece una reacción. Y aquí echo en falta el papel de algunas organizaciones empresariales, muy centradas en las defensas de sus sectores, pero algo despistadas a la hora de defender los ejes de nuestra economía de mercado. La sociedad civil ha de blindar el presente si desea seguir avanzando.