La OCDE y las pensiones

MERCADOS

El PSOE ha puesto en marcha una campaña para informar sobre la tributación de las pensiones extranjeras.
El PSOE ha puesto en marcha una campaña para informar sobre la tributación de las pensiones extranjeras. Santi M. Amil

12 jun 2022 . Actualizado a las 05:00 h.

Las pensiones, su coste, su futuro, son una de las cuestiones de la economía nacional que con más frecuencia ocupan los noticiarios. Ahora mismo, la noticia es la crítica que ha efectuado la OCDE al criterio del Gobierno español de actualizar anualmente las pensiones de jubilación con referencia al IPC, cambio que ya lleva casi cuatro años en marcha. El organismo internacional alerta sobre el coste (en incremento del déficit y de la deuda pública) que esta política va a tener con los altos índices de inflación que estamos padeciendo. Está claro que la OCDE puede dar alertas y recomendaciones basándose en la macroeconomía, pero también es verdad que no se presenta a elecciones y no tiene que ocuparse de los dolores de las mayorías sociales, que no van a ir a llamar a su puerta. Lo mismo le ocurre al Banco de España, convertido ahora en un instituto de estudios bastante conservador con una imprenta. En un reciente documento, su gobernador, Hernández de Cos, reproducía alertas parecidas a las que emite la OCDE y hacía recomendaciones como las que se referían a que las personas mayores, que en España suelen tener casi todo su ahorro capitalizado en la vivienda, deberían plantearse utilizar más las hipotecas inversas o acudir a la venta de la casa en nuda propiedad (o sea, venderla pero seguir usándola hasta su muerte) para hacerse con más recursos.

Los partidos de la oposición, que sí se presentan a elecciones, ven el problema con más posibilismo. El mismo PP, que fue el que puso en marcha el mecanismo de cálculo con una complicada fórmula matemática desvinculada del IPC, reconoció que aquella reforma «no respondía bien a las demandas sociales». Si en algún momento los pensionistas son llamados a sacrificarse por el bien del país, debería pedírseles directamente, no por decreto, escudándose en las recomendaciones de la OCDE. Los gobiernos incluso deberían ir más allá y dejar de emplear cada año el eufemismo «revalorización». Porque no es un aumento de valor, sino un freno al descenso automático de capacidad adquisitiva.