Monika Hohlmeier, presidenta de la Comisión de Control Presupuestario de la Eurocámara, para supervisar los presupuestos europeos y los fondos de recuperación, acaba de visitar España con el objetivo de comprobar la ejecución de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El apoyo financiero en el marco europeo está vinculado a los planes nacionales. La estrategia española detalla una completa agenda de inversiones y reformas que especifica las metas, objetivos e indicadores para su seguimiento y control. España es uno de los principales beneficiarios del programa europeo, con una suma total de 140.000 millones de euros. Esta cantidad incluye 69.528 millones en transferencias no reembolsables, pudiendo, además, acceder a más de 70.000 millones de euros en préstamos hasta el 31 de diciembre del 2026.
Para facilitar el despliegue de las inversiones, el plan se asienta sobre cuatro ejes transversales: transición ecológica, transformación digital, cohesión territorial y social e igualdad de género. El plan, inspirado en la Agenda del Cambio, en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, se estructura en torno a diez políticas palanca que incidirán directamente en los sectores productivos con mayor capacidad de transformación del tejido económico y social. Las diez políticas palanca integran, a su vez, 30 componentes.
La distinta naturaleza de las acciones conlleva diferentes ritmos de acción y ejecución presupuestaria, pero, en cualquier caso, es imprescindible cumplir la agenda propuesta para responder a las exigencias de la UE; según los acuerdos operativos entre la Comisión y España, se establecían las metas e indicadores de ejecución, avances, calendario previsto e indicadores relativos al cumplimiento de los objetivos propuestos. La palanca 10 española se centra en la modernización del sistema fiscal para un crecimiento inclusivo y sostenible y contempla cuatro componentes (medidas y actuaciones de prevención y lucha contra el fraude, adaptación del sistema impositivo a la realidad del siglo XXI, mejora de la eficacia del gasto público y sostenibilidad a largo plazo del sistema público de pensiones en el marco del Pacto de Toledo). La complejidad de todos los temas contenidos en este apartado dificulta el cumplimiento de los objetivos, que están notablemente alejados de su previsión inicial. La conjugación de la vital importancia de resolver estos problemas con la necesidad de mantener los fondos inicialmente previstos como aportación de la UE requiere de acciones urgentes y efectivas, especialmente en el nuevo escenario, donde las sanciones están estipuladas y cuantificadas específicamente (con sus correspondientes fórmulas de cálculo). La pérdida o minoración de estos fondos supondría un importante varapalo para la economía y el bienestar de la población española. Urge trabajar en este terreno, en especial con el cumplimiento de los compromisos previstos respecto al mantenimiento del sistema de pensiones.
Por último, conviene señalar que las principales conclusiones de Monika Hohlmeier de su visita a España han sido las siguientes: tolerancia cero con la corrupción (en referencia a la reforma del delito de malversación), la dificultad de seguir el rastro de los fondos hasta el beneficiario final y la necesidad de reducir las trabas burocráticas que están dificultando un despliegue rápido de los fondos. Y también se ha puesto el foco en otro de los asuntos clave: la necesidad de avanzar en una reforma de las pensiones que deberá cumplir con la exigencia de la sostenibilidad del sistema, la estabilidad social y la garantía de futuro.