El anuncio de que Ferrovial muda su sede central a los Países Bajos ha provocado un torbellino en el que han volado por los aires, confundidos, argumentos y prejuicios económicos, legales, políticos y patrióticos. Demasiado para una lectura serena del asunto. La derecha pro-capitalista, en esta fase preelectoral, culpa de la fuga al Gobierno y a su supuesta vocación de perseguir a los empresarios. El Gobierno ha llegado a calificar poco menos que de traidor al dueño de la firma, Rafael del Pino. Hasta la moderada ministra Calviño se mostró ofendida por la nota de la empresa en la que se señalaba la seguridad jurídica neerlandesa; la tensión se ha aflojado después de que el departamento de comunicación de Ferrovial aclarase en otra nota que nunca ha querido decir que en España falte seguridad jurídica.
Y, sin embargo, de seguridad jurídica no andamos muy finos. Para comprobarlo, lean el bien documentado estudio (2021) de Benito Arruñada, profesor de la Universidad Pompeu Fabra, o repasen los artículos del jurista y querido colaborador de La Voz Jaime Concheiro del Río, sobre todo en lo que concierne al derecho de propiedad. Arruñada exhibe datos comparativos de nuestro país con otros próximos e insiste, como muchos expertos, en el exceso de normas de nuestra legislación y en su escasa calidad. La producción legislativa se ha multiplicado por cuatro entre 1979 y el 2018. Inflación normativa que hace insuficiente la formación de los jueces, lo que se complica aún más con su creciente inclinación «a suplir la función legislativa». Aparte de su lentitud, la Justicia española se está caracterizando por la enorme imprevisibilidad de sus sentencias. El derecho de propiedad flojea en casos como la Ley de Costas o en el concepto de «fuera de ordenación» que se ha generalizado en los planes urbanísticos. Aunque el profesor no lo cita, nos gustaría saber en qué ha quedado la seguridad jurídica de los propietarios de perros o de quienes viven de la pesca. Así que, en vez de ofendernos con la fuga de Rafael del Pino, deberíamos aplicar a nuestro laberinto legislativo y judicial algunos conceptos muy útiles de la vieja concentración parcelaria.