La UE equipara la importancia de la información sobre sostenibilidad con la financiera y obliga a las empresas a cuantificar su impacto medioambiental y social
11 feb 2024 . Actualizado a las 05:00 h.La Unión Europea (UE) ha activado este año la Directiva de Informes Sobre Sostenibilidad Corporativa (CSDR por sus siglas en inglés) que supone toda una revolución en la manera en la que las empresas tendrán que interactuar con el medio ambiente, la sociedad y la economía. La primera medida de esta nueva norma afecta ya desde el 1 de enero a las organizaciones de interés público con más de 500 empleados y que ya estaban sujetas a la anterior normativa NFRD sobre información no financiera, que deberán ahora presentar informes de gestión en este ámbito. El plato fuerte llegará a partir del 2025, cuando las grandes firmas tendrán que empezar a asumir estos más exigentes compromisos.
La nueva regulación equipara la importancia de la información sobre sostenibilidad con la financiera, promoviendo normas medibles y comparables que arrojen resultados más fiables y que impidan el lavado de imagen verde. Es decir, hacer ver un compromiso con el medio ambiente, la sociedad y la economía sostenible que en realidad son solo palabras y papeles huecos. A partir de ahora, las organizaciones deberán exponer de manera transparente cuál es su impacto real.
En concreto, la nueva directiva de la UE exige que las empresas informen en sus reportes de gestión anuales sobre el impacto social y medioambiental, así como que divulguen las políticas puestas en marcha, los resultados alcanzados y los riesgos asociados a la actividad, de forma que la sostenibilidad pase a ocupar el núcleo de las operaciones corporativas.
El impacto de esta nueva regulación comunitaria será notable en España. Tras el primer paso dado ya este año, la norma se irá aplicando progresivamente al resto de organizaciones con un calendario ya cerrado que implica que el 1 de enero del 2025 la tengan que cumplir las grandes organizaciones cotizadas o no con más de 250 empleados o bien que tengan una facturación de 40 millones de euros y/o 20 millones en activos.
En el 2026 le llegará el turno a las pymes cotizadas —excepto microempresas— como entidades de crédito pequeñas y no complejas u organizaciones de seguros cautivas, aunque estas podrán retrasarlo hasta el 2028 si lo justifican.
Finalmente, desde el 2029 estarán obligadas a presentar informes de sostenibilidad las organizaciones de terceros países con al menos una filial o sucursal con domicilio social en la Unión Europea o con un volumen de negocio neto de más de 150 millones de euros en la comunidad europea.
La directiva obliga a las grandes firmas a contratar más trabajadores para sus departamentos de sostenibilidad «y no solo a nivel de fortalecer los equipos, sino que están buscando grandes profesionales expertos nacionales e internacionales, con conocimientos plenos sobre las regulaciones y leyes actuales y futuras. La sostenibilidad es algo que se ha tomado en serio en la UE y se quiere conseguir que los informes tengan el mismo rigor que los financieros», explica Mariana Epata, directora comercial de la multinacional Catenon, especializada en la búsqueda de profesionales.